Juicio por YPF: solicitaron sanciones contra la Argentina y el Gobierno salió a rechazarlo
En un nuevo capítulo del litigio por la estatización de la petrolera, los fondos demandantes solicitaron formalmente ante los tribunales de Nueva York que la jueza Loretta Preska declare en desacato y aplique multas económicas a la Argentina. La presentación, liderada por los abogados de Petersen y Eton Park con el financiamiento de Burford Capital, sostiene que el Gobierno incumplió las órdenes judiciales de entregar comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios vinculados al área económica.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo nacional ya anticipó que rechazará de forma tajante el planteo, mientras se mantiene firme la sentencia de fondo que condena al país a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF ocurrida en 2012.
La ofensiva de los acreedores contempla al menos cinco medidas punitivas, entre las que destaca el pedido de una multa coercitiva de un millón de dólares diarios por cada jornada de incumplimiento. Además, los demandantes buscan que la magistrada aplique la figura de «alter ego» sobre organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia compañía hidrocarburífera.
Para sustentar que estas entidades funcionan como una extensión directa del Estado, exigen el acceso a correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de figuras como Luis Caputo y Sergio Massa, argumentando que la retención de esta evidencia debe presumirse como desfavorable para la defensa argentina en el marco del proceso de discovery sobre YPF.
Desde la Procuración del Tesoro calificaron el reclamo como un pedido insólito que busca hostigar a la República mediante solicitudes intrusivas. La defensa oficial asegura que el país colaboró ampliamente tras suministrar más de 113.000 páginas de documentación y testimonios de diversos funcionarios de la empresa de bandera.
No obstante, los fondos insisten en que si el Estado alega no poder acceder a ciertas comunicaciones clave dentro de YPF, se debe convocar a una audiencia con testigos en vivo que incluya al actual ministro de Economía y al canciller Pablo Quirno, obligando al país a costear los honorarios legales. Argentina presentará su respuesta el 19 de febrero para intentar frenar estas sanciones en el caso YPF.


