En medio del reclamo por fondos y salarios, universidades públicas irán a un nuevo paro nacional
La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) resolvió implementar un cese completo de tareas por 24 horas para este viernes, profundizando la disputa con la gestión de Javier Milei ante la escasez de partidas presupuestarias. Mediante una notificación pública, la entidad gremial demandó la apertura inmediata de negociaciones paritarias, una reestructuración de los haberes y la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario en las universidades públicas, advirtiendo que el personal del sector requiere una actualización del 52,1% para subsanar el poder de compra resignado desde la asunción del actual Gobierno en el marco de este paro universitario.
Según TN, esta huelga nacional se ratificó de forma simultánea a la radicalización del conflicto estudiantil en el ámbito preuniversitario, donde las asambleas del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini dictaminaron la ocupación de sus sedes por tiempo indeterminado, bajo un esquema de debates cotidianos para evaluar la continuidad del reclamo y visibilizar la brecha en los sueldos de las instituciones dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Al respecto, Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, expuso a través de Radio con Vos que los educadores de estos establecimientos perciben ingresos un 30% menores que los de las escuelas porteñas, interpretando la situación como un perjuicio directo hacia el sistema y sosteniendo que la administración nacional promueve un eventual arancelamiento mediante el deterioro de la educación estatal. Con este panorama complejo, el gremio ratificó la realización de este paro universitario.
La controversia por los recursos, iniciada en 2024, acumula cuatro marchas federales y sucesivos reclamos impulsados por la comunidad educativa, sumando esta semana una serie de clases abiertas coordinadas por sindicatos de la UBA en el espacio público que tuvieron su epicentro frente al Palacio de Tribunales. Aunque la normativa de financiamiento fue promulgada el 21 de octubre de 2025 tras el rechazo legislativo a los vetos presidenciales, su operatividad real permanece inactiva a la espera del establecimiento de partidas específicas en el Presupuesto, abriendo un frente de litigio legal donde fallos de primera instancia y de Cámara dictaminaron la aplicación de las cláusulas salariales de la norma, determinaciones que fueron apeladas por el Poder Ejecutivo.
En este marco de tensión judicial, la administración oficialista remitió un nuevo proyecto de ley al Congreso que omite compensar las pérdidas de los dos períodos anteriores y estipula que la actualización de los fondos para el ciclo en curso estará sujeta a que la inflación anual logre superar el 14,3%. Ante la falta de respuestas al sector, la comunidad educativa ratificó la huelga general, consolidando las razones que fundamentan este paro universitario, una huelga sectorial que busca frenar el deterioro del poder adquisitivo, por lo que este apagón educativo afectará a miles de estudiantes en todo el país.


