El Gobierno oficializó el nuevo régimen penal juvenil a diez días de su sanción en el Senado
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil, fijando la edad de responsabilidad penal a partir de los 14 años. La normativa, publicada en el Boletín Oficial tras recibir la sanción definitiva del Senado hace diez días con 44 votos a favor, regula el juzgamiento de menores de entre 14 y 18 años imputados por delitos tipificados en el Código Penal.
Según el texto oficial de la norma, este sistema de justicia para adolescentes busca que el joven asuma la responsabilidad legal de sus actos mediante un esquema que prioriza la educación, la resocialización y la integración social. Con esta oficialización, queda derogada la Ley 22.278, que anteriormente regía el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal.
El nuevo régimen penal juvenil introduce una escala de sanciones que combina medidas socioeducativas con penas privativas de libertad, estas últimas con un límite máximo de 15 años de detención, incluso si el delito cometido prevé una escala superior. El sistema prohíbe explícitamente la aplicación de reclusión o prisión perpetua para menores de edad. Entre las herramientas de intervención se destacan los programas de capacitación laboral, la asistencia médica o psicológica y la prestación de servicios a la comunidad en instituciones sin fines de lucro. Asimismo, dentro de este esquema de imputabilidad temprana, la justicia podrá aplicar restricciones como el monitoreo electrónico, la prohibición de acercamiento a las víctimas o la inhabilitación para conducir vehículos.
Respecto a las condiciones de detención, el estatuto del régimen penal juvenil determina que los adolescentes no podrán ser alojados con adultos y deberán permanecer en centros especializados con personal capacitado. La ley también fomenta mecanismos alternativos para evitar la continuidad del proceso penal, tales como la mediación juvenil, la suspensión del juicio a prueba y la reparación integral del daño. Todo el cumplimiento de estas sanciones será supervisado por profesionales especializados que informarán periódicamente sobre la evolución social y educativa del joven.
Finalmente, el régimen penal juvenil garantiza principios fundamentales como el derecho a la defensa y la reserva de identidad, prohibiendo la difusión de datos que permitan reconocer a los menores involucrados. El Poder Ejecutivo, encargado de supervisar la implementación del sistema, instó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones locales a estos nuevos parámetros.


