El Gobierno Nacional volvió a cuestionar fuertemente a la CGT tras el paro general
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a apuntar contra la Confederación General de Trabajo (CGT) por su rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo. En declaraciones radiales, calificó la postura sindical como «surrealista» y aseguró que los gremialistas «viven en una realidad paralela» y «de espaldas a la gente».
El exvocero presidencial sostuvo que el paro general convocado por la central obrera fue «un fracaso, casi una burla», acusando a los dirigentes de estar desconectados de la realidad cotidiana. Según expresó, «todos los días se levantan, se suben a su Audi 0 kilómetro con chofer» y por eso «no entienden bien la realidad» de los trabajadores que «viven de una manera muy diferente a la de los integrantes de la CGT«.
El funcionario también afirmó que «la gente los odia y no los quiere más en este formato tirapiedras», en referencia a la forma de protesta sindical. Para Adorni, la legislación laboral vigente había quedado obsoleta, ya que “el 80 o 90 por ciento de los trabajos que existían cuando se gestaron las leyes hoy no existen».
En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar con cambios profundos en el esquema laboral argentino
De esta manera, el Gobierno Nacional ratifica su postura distante y confrontación existente con la CGT, mientras busca instalar la idea de que la reforma laboral es indispensable para modernizar el mercado de trabajo. Si todo sale bien para el oficialismo, en solo algunos días se estará debatiendo la misma en el Senado con el objetivo de convertirla en ley.
La CGT amenazó con un paro de 36 horas
La inminente votación de la reforma laboral en el Senado profundizó la tensión entre el Gobierno y la CGT, que evalúa convocar a un paro de 36 horas en rechazo al proyecto oficialista. Desde la Casa Rosada advirtieron que podrían aplicar sanciones a gremios del transporte como La Fraternidad y la UTA, al considerar que incumplieron la conciliación obligatoria en protestas anteriores.
La central obrera anticipó que además de las medidas de fuerza recurrirá a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de varios artículos de la reforma, especialmente los vinculados a indemnizaciones y derecho a huelga. Mientras tanto, sectores más combativos presionan por un paro con movilización, en un escenario político marcado por diferencias internas y alta conflictividad laboral.


