El avance del gas de Vaca Muerta redefine el mapa de cuencas y obliga a revisar contratos
La irrupción de Vaca Muerta cambió por completo el flujo del sistema. Hoy, la mayor parte del gas que consumen las provincias argentinas proviene de los yacimientos neuquinos, mientras que la Cuenca Norte, que solía ser uno de los pilares del abastecimiento nacional, produce apenas una fracción de lo que generaba hace veinte años. Este cambio quedó consolidado con la reversión del Gasoducto del Norte, una obra que permitió llevar gas del sur al norte del país para dejar de depender de las importaciones desde Bolivia.
Sin embargo, el nuevo escenario productivo impulsado por Vaca Muerta se encontró con una regulación que quedó vieja frente al ritmo de los cambios. Los contratos vigentes obligan a los usuarios de distintas regiones a comprar gas en cuencas que prácticamente ya no aportan al sistema. Córdoba, por ejemplo, debe adquirir formalmente el 75% de su suministro desde la Cuenca Norte, cuando en realidad todo el gas que utiliza llega desde Neuquén. El resultado se traduce en precios distorsionados, rutas de transporte obsoletas y costos que no reflejan la realidad física de la red.
La Secretaría de Energía y el Enargas tienen la compleja tarea de reordenar el esquema tarifario y contractual para adaptarlo al nuevo equilibrio geográfico del gas argentino. El desafío involucra a transportistas, distribuidoras, grandes usuarios y generadoras eléctricas que operan bajo marcos regulatorios pensados para otro país energético.
Las distribuidoras Gasnor, Gasnea, Gas del Centro, Litoral Gas y Gas Natural Ban son algunas de las más afectadas por esta situación. En la práctica, todas distribuyen gas de Vaca Muerta, pero sus tarifas están calculadas como si el fluido siguiera llegando desde el norte, lo que genera diferencias importantes en los costos y la rentabilidad de cada operador.
El debate sobre cómo reorganizar el sistema se postergó en varias oportunidades, pero el consenso técnico es que la expansión de Vaca Muerta y la inversión en infraestructura exigen una adecuación normativa urgente. De lo contrario, el país seguirá funcionando con una red moderna y eficiente, pero con contratos anclados en el pasado.


