Contra el lavado: cómo funciona el nuevo Consejo del Gobierno para vigilar el patrimonio de los funcionarios
A través de la resolución 230/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Alejandra Monteoliva, oficializó la puesta en marcha del Consejo Federal de Delitos Económicos. Este nuevo organismo surge como una herramienta de articulación federal destinada a la prevención de ilícitos financieros y el lavado de activos, integrando a representantes de todas las provincias y las fuerzas de seguridad federales.
La iniciativa, que operará bajo la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal, responde a la necesidad de implementar un abordaje integral frente a la criminalidad económica compleja. Según los fundamentos de la normativa, la medida busca centralizar el seguimiento de maniobras de enriquecimiento ilícito y otros delitos que suelen involucrar la participación de estructuras o funcionarios estatales para la obtención de beneficios económicos significativos.
El funcionamiento del consejo se basará en una estructura técnica compuesta por miembros titulares y suplentes de cada jurisdicción adherente. Entre sus tareas principales, la resolución destaca la asistencia técnica en la detección de maniobras sospechosas y la recolección sistemática de datos financieros, facilitando la creación de alertas tempranas para combatir el lavado de activos
Este esquema de cooperación técnica busca optimizar los procedimientos de las fuerzas policiales, utilizando este blanqueo de capitales como eje de análisis para las investigaciones que lidera la Dirección de Investigación de Delitos Económicos. La creación de este espacio se enmarca en compromisos internacionales para la identificación y recuperación de activos de origen espurio, en cumplimiento de tratados globales contra la corrupción.
Para fortalecer este enfoque contra la legitimación de fondos ilícitos, el ente podrá convocar a expertos de entidades privadas o de la sociedad civil y deberá sesionar de manera presencial al menos una vez al año. La meta final es mantener una comunicación constante con las provincias para actualizar el estado de situación patrimonial y combatir de forma eficiente el lavado de activos en el territorio nacional.
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