El Gobierno habilita a militares a ocupar cargos públicos no electivos y desata polémica
A través del Decreto 58/2026, el Gobierno nacional modificó la Ley para el Personal Militar N° 19.101, permitiendo que militares de carrera desempeñen cargos públicos en la administración nacional. La normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Defensa Carlos Presti, establece que los uniformados podrán ocupar funciones no electivas sin ser pasados a disponibilidad.
Para acceder, deben contar con el aval del jefe del Estado Mayor General del Ejército y no haber alcanzado el grado máximo de su fuerza, asegurando así la continuidad de su carrera y beneficios previsionales. La medida busca integrar personal castrense en áreas civiles como el Ministerio de Defensa o la Casa Militar, generando una inmediata polémica sobre la militarización del Estado.
La reforma ratifica la prohibición de acceder a bancas por vía electoral, pero facilita el desembarco de los efectivos de las fuerzas en la gestión ejecutiva. Según el nuevo régimen, los militares designados podrán estar apartados de sus tareas operativas hasta dos meses y no necesitarán solicitar licencia, aunque no podrán ejercer funciones operativas y administrativas en simultáneo. Este cambio reglamentado permite que el tiempo en funciones civiles compute para la antigüedad y el retiro.
En medio de este contexto, se oficializó el Decreto 60/2026, que concreta el recambio de autoridades en la cartera de Defensa con un marcado predominio de los integrantes castrenses en secretarías estratégicas, consolidando la visión oficial sobre la participación de los militares en la estructura estatal.
Tras la reforma, el Ejecutivo designó al general de división Jorge Puebla en Estrategia y Asuntos Militares y al teniente coronel (R) Daniel Martella en Asuntos Internacionales. Asimismo, el general de brigada Carlos Martín y el coronel Ariel Mira Peña asumieron subsecretarías clave. Estos nombramientos, con efecto retroactivo a diciembre de 2025, incluyen a Guillermo Madero como único civil en el esquema jerárquico. La decisión de sumar masivamente a más militares a la vida institucional sigue despertando debates sobre los límites legales de esta integración en la administración pública.


