Un juez denunció que fue amenazado por una patota en los tribunales de San Martín
De manera inesperada, el Tribunal de San Martín se transformó en el centro de las miradas y la tensión judicial debido a que un grupo de personas irrumpió en el edificio con armas blancas y gritos. En total eran unas 20 personas y fueron directamente contra el juez Nicolás Schiavo.
El magistrado calificó este ataque como un episodio de «gravedad institucional» y expuso diversas carencias que tiene el recinto como la ausencia de cámaras de seguridad. A su vez, el juez destacó que no sintió que esto sea personal ni mucho menos, ya que «es un problema hacia la Justicia que pasa todos los días», por lo que es un problema sería más común de lo que uno podría creer fuera del ámbito judicial.
El ataque fue a plena luz del día, en la mañana del miércoles, y los empleados tuvieron que rápidamente improvisar barricadas para evitar que los violentos ingresen más allá de la entrada. De todos modos, pudieron romper una de las ventanas para acceder al primer piso.
Nicolás Schiavo vinculó el episodio a un operativo realizado la semana pasada en Villa Maipú, donde nueve hombres fueron detenidos acusados de integrar una banda narco, entre los que se destacan tres menores de edad. Justamente él es quien tiene que intervenir en causas relacionadas a la organización, por lo que el ataque pudo haber sido coordinada de antema no sabiendo que en ese momento se encontraba en el lugar
Otro de los puntos que llamó la atención fue la falta de seguridad que tuvo este juez, por lo que muchas veces el panorama no es como parece puertas hacia afuera. Sin cámaras de seguridad y sin personal dedicado, todos los empleados de este tribunal quedaron expuestos y temen que vuelvan a atacar dicha sede en otro momento.
Argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
La justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro, detenido en ese país desde enero, para ser indagado en una causa por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos dispuso la medida bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a investigar crímenes graves cometidos fuera del territorio nacional.
El caso se inició en 2023 a partir de denuncias del Foro Argentino en Defensa de la Democracia y ya había motivado una orden de captura internacional en 2024. La resolución se suma a antecedentes de la justicia argentina en causas contra líderes extranjeros, aunque pocas han culminado en extradiciones efectivas.

