Senasa declara emergencia fitosanitaria por picudo rojo en palmeras y activa plan de acción nacional
El Senasa oficializó este jueves la declaración de emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional tras la detección del picudo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires. La medida, establecida mediante la Resolución 133/2026 y firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.
Esta decisión responde a la confirmación técnica de ejemplares adultos y juveniles en palmeras de la especie Phoenix canariensis, lo que modifica el estatus sanitario de esta plaga, que hasta enero de 2026 era considerada una «Plaga Cuarentenaria Ausente» en Argentina.
Aunque el foco actual se circunscribe a la mencionada isla bajo jurisdicción del partido de La Plata, el Senasa dispuso la obligatoriedad de denunciar cualquier sospecha de presencia del insecto o daños compatibles en cualquier punto del país. Esta responsabilidad alcanza a productores, viveristas, investigadores y ciudadanos en general, quienes deben notificar los hallazgos a través de los canales oficiales o el sistema Sinavimo.
El plan de contingencia activado faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal para ordenar la erradicación de ejemplares afectados y aplicar controles cuarentenarios rigurosos sobre el traslado de material vegetal, bajo el principio de responsabilidad de los propietarios establecido en la Ley 27.233 por parte de este ente sanitario.
Dada la peligrosidad de la plaga y la inexistencia previa de agroquímicos específicos en el mercado local, el Senasa autorizó de forma excepcional y provisoria el uso de principios activos como acetamiprid, imidacloprid y benzoato de emamectina, entre otros, para tratamientos de endoterapia y exoterapia.
La normativa prohíbe taxativamente el consumo de frutos de palmeras que hayan sido sometidas a estas aplicaciones químicas y exige la señalización de los ejemplares intervenidos. El incumplimiento de estas pautas de bioseguridad o de las restricciones de movimiento será pasible de sanciones legales, mientras la autoridad de control agroalimentario monitorea la evolución de la situación para determinar posibles prórrogas o ampliaciones del área bajo emergencia.


