Selci enfrenta un pedido de interpelación tras una pericia que alertó riesgo de vida

Buenos Aires, 21 agosto (NA) – El intendente de Hurlingham, Damián Selci, quedó alcanzado por un pedido formal de interpelación después de que una pericia incorporada a un expediente judicial advirtiera un riesgo cierto e inminente para la vida y la integridad física de vecinos del barrio Nuevo Mitre, en Villa Tesei.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el informe técnico del ingeniero civil Daniel Héctor Baena registró hundimientos progresivos del terreno, fisuras estructurales, desplazamientos, fallas de fundación y deterioro de construcciones. El dictamen fue considerado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Morón al dictar una medida cautelar el 7 de agosto.

La resolución ordenó a la Municipalidad de Hurlingham y al Instituto de la Vivienda bonaerense otorgar conjuntamente, dentro de un plazo máximo de 30 días desde la notificación, una solución habitacional urgente que garantice condiciones de habitabilidad, dignidad y seguridad. La orden judicial beneficia a los actores de ese expediente y no equivale a una declaración general de inhabitabilidad sobre las 294 viviendas del complejo.

Nuevo Mitre fue inaugurado en 2008 como un conjunto del Plan Federal de Viviendas. Selci no dirigía el municipio cuando se ejecutaron las construcciones y el expediente no le atribuye la autoría de las fallas originales. Su responsabilidad actual surge de otro dato concreto: la cautelar obliga a la comuna que encabeza a intervenir ante un riesgo técnico reconocido judicialmente.

El proyecto para interpelarlo fue firmado por los concejales Alicia Elisei, Julio Medina y Rafael De Francesco, del bloque Alianza La Libertad Avanza. La iniciativa reclama que el jefe comunal, o el funcionario que designe, informe desde cuándo conocía el Municipio el deterioro, qué medidas tomó, cuántas viviendas fueron inspeccionadas y qué dispositivo dispuso para las familias que pudieran encontrarse en condiciones similares.

Los impulsores del pedido sostienen que el problema no se limita a una sola casa y hablan de cerca de 50 viviendas afectadas por deficiencias estructurales o por el descenso del suelo. Esa cifra pertenece a la bancada opositora y no fue incluida como universo alcanzado por la cautelar. El dato judicial confirmado es más acotado y, a la vez, más grave: una familia obtuvo una orden de relocalización urgente después de una pericia que describió peligro para su integridad.

La oposición agregó que durante 2026 presentó 181 pedidos de explicaciones relacionados con basurales, roedores, baches, postes peligrosos, medicamentos, protección de menores y otros reclamos vecinales, y afirmó que ninguno recibió respuesta. Esa acusación política requiere contraste con el registro administrativo del Concejo y del Ejecutivo; no forma parte de la conclusión técnica del perito ni del contenido acreditado de la cautelar.

El pedido de interpelación todavía debía atravesar el tratamiento del Concejo Deliberante y no implicaba por sí solo una sanción contra Selci. Tampoco se difundió una resolución penal que atribuyera delito a funcionarios municipales. El costo institucional para la gestión quedó asentado en documentos de otra naturaleza: un informe pericial sobre fallas estructurales, una orden judicial de solución habitacional urgente y una presentación legislativa dirigida personalmente al intendente.

La medida cautelar permanecía vigente y su plazo se computaba desde la notificación a los organismos obligados. El mandato judicial alcanzaba en forma conjunta al Municipio y al Instituto de la Vivienda, mientras el pedido de interpelación permanecía formalmente presentado en el Concejo de Hurlingham.

Agencia NA