Quedó firme la condena a seis exfuncionarios penitenciarios por la muerte de un interno en la ex U9

La condena contra seis exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal quedó firme tras una nueva resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal, que confirmó las responsabilidades de integrantes de la conducción de la ex Unidad 9 de Neuquén por la muerte del interno Argentino Pelozo Iturri. El fallo alcanza al exjefe regional, al director, subdirector y jefe de Seguridad del penal, además del médico y el enfermero que prestaban funciones en la cárcel.

La condena se relaciona con el asesinato de Pelozo Iturri, quien murió en 2008 luego de recibir una golpiza mientras permanecía bajo custodia en la ex U9. Según la resolución de la Sala III de Casación, los exfuncionarios contribuyeron a encubrir lo ocurrido y realizaron maniobras para obstaculizar la investigación, con el objetivo de que el hecho fuera presentado como una muerte súbita y no como un caso de torturas seguidas de muerte.

La condena ratifica un proceso judicial que comenzó con el juicio realizado entre 2018 y 2019, cuando ocho agentes penitenciarios recibieron prisión perpetua por el homicidio y otros seis integrantes de la estructura jerárquica fueron sentenciados por distintos delitos vinculados al encubrimiento, la omisión de denuncia y el falseamiento de documentación. Tras varios años de apelaciones, la decisión de Casación dejó firmes las responsabilidades penales de los exdirectivos y del personal sanitario.

El fallo fue firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, quienes sostuvieron que nunca estuvo en discusión la responsabilidad de los condenados y confirmaron que sus acciones dificultaron el esclarecimiento del crimen durante los primeros años de la investigación. La causa fue impulsada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, con la participación de la Procuración Penitenciaria de la Nación como querellante.

El caso de Argentino Pelozo Iturri es considerado un antecedente judicial de alcance nacional por tratarse de la única causa que llegó a juicio por torturas seguidas de muerte en una cárcel federal argentina. Además de las condenas, el tribunal ordenó modificar el certificado de defunción del interno para consignar como causa del fallecimiento «torturas seguidas de muerte» y dispuso remitir el fallo a distintos organismos nacionales para reforzar los protocolos de actuación en casos de personas heridas o fallecidas bajo custodia del Estado.