Pinamar apeló la prohibición de actividades con vehículos en La Frontera y cuestiona la medida judicial
El Gobierno municipal de Pinamar presentó un recurso de apelación para revocar la medida cautelar que prohíbe las actividades motorizadas, picadas y pruebas de destreza en la zona de La Frontera y «La Olla», afectando la circulación de vehiculos 4×4. La gestión local calificó el fallo del juez Félix Ferrán como «irrazonable» y «prematuro», argumentando que se vulneró el debido proceso al no otorgarse un plazo para acreditar los controles que el municipio ya ejecuta junto a fuerzas provinciales y nacionales.
Según el escrito, la prohibición se sustenta en una presunción de inacción estatal que no fue contrastada, ignorando las denuncias penales y pedidos de inhabilitación que la administración ha impulsado dentro de sus facultades para evitar incidentes en el sector norte de la ciudad balnearia.
En medio de esta disputa legal, el Juzgado Civil y Comercial de Dolores intensificó las medidas procesales y ordenó a la comuna informar con precisión quiénes son los titulares de los predios donde se desarrollan estas prácticas en Pinamar. Esta requisitoria surge porque la defensa de la localidad balnearia sostiene que, al tratarse de un predio privado, la responsabilidad de impedir el acceso corresponde a los dueños, mientras que la persecución de delitos es competencia de la Policía Bonaerense y el Ministerio Público Fiscal.
Como parte de la investigación, el magistrado encabezará este jueves 5 de febrero un reconocimiento judicial en el terreno para constatar sus características, tras el amparo presentado por Pablo Martínez Carignano a raíz de accidentes graves en Pinamar, como el que sufrió el niño Bastián tras un choque entre un UTV y una camioneta.
La estrategia de la administración municipal también cuestiona la legitimación del demandante y califica de redundante la prohibición, ya que las maniobras peligrosas están vedadas por el Código Penal y ordenanzas locales vigentes en este distrito costero. Ante este escenario, la Justicia fijó una audiencia presencial determinante para el próximo 10 de febrero, donde las partes deberán comparecer para intentar destrabar el conflicto en Pinamar.
Mientras tanto, el municipio insiste en que la cautelar le atribuye responsabilidades que exceden su marco legal, subrayando que las medidas preventivas y los dispositivos de seguridad ya están activos, a pesar de que la Justicia demanda datos más rigurosos sobre la propiedad de la tierra para deslindar las obligaciones correspondientes a cada sector.


