Para sostener el superávit, el Gobierno postergó pagos y ajustó transferencias en medio del acuerdo con el FMI
Durante su reciente intervención ante directivos empresariales de Estados Unidos en el AmCham Summit 2026, el presidente Javier Milei ratificó su determinación de mantener la política de superávit fiscal ante el FMI pese a la disminución en la recaudación tributaria. El mandatario enfatizó que la reducción del gasto público es una prioridad innegociable de su gestión, orientada a una futura baja de la presión impositiva.
Sin embargo, para consolidar este pilar económico, el Ministerio de Economía ha recurrido a la postergación de pagos, principalmente en el rubro de transferencias. Según registros de la Tesorería de la Nación, la deuda flotante por este concepto en la Administración Central experimentó un incremento superior al 60% en términos reales durante el último periodo, alcanzando la cifra de $1,02 billones.
Esta acumulación de compromisos devengados pero no cancelados afecta a un abanico diverso de sectores, incluyendo envíos a provincias, universidades, empresas públicas y subsidios al sector privado. Las demoras en el flujo de fondos han tenido consecuencias directas en los servicios públicos, manifestándose en la reducción de frecuencias del transporte y paros de choferes. Asimismo, la retención de partidas impacta en la operatividad del PAMI, derivando en protestas de profesionales médicos que denuncian la falta de cobro por sus prestaciones.
Al respecto, la legisladora Graciela Ocaña, según Ámbito, señaló que la administración de Luis Caputo está frenando estos recursos para configurar el resultado fiscal positivo ante el FMI, mientras que especialistas explicaron que frenar los desembolsos es una herramienta necesaria para que los gastos no superen a los ingresos en el balance primario acordado con el organismo multilateral de crédito.
Bajo este esquema, el Gobierno logró presentar ante el staff técnico del Fondo Monetario Internacional un excedente en el primer trimestre que ascendió a los $4,5 billones. El ministro Luis Caputo, tras obtener el aval técnico en Washington, aguarda ahora la aprobación del Directorio para un desembolso de u$s1.000 millones por parte del FMI.
Si bien la deuda flotante total mostró una caída real del 13,7% debido a la reducción de compromisos intraestado, los retrasos en la Administración Pública Nacional llegaron a los $4,3 billones según la Oficina del Presupuesto del Congreso. Se prevé que, una vez garantizada la conformidad del FMI con las metas del trimestre, el Palacio de Hacienda inicie un proceso para regularizar las deudas acumuladas con los distintos sectores afectados.


