Nuevo paro el 27 de febrero: qué gremios confirmaron su adhesión a la movilización
Una nueva jornada de paro nacional afectará el normal funcionamiento de las actividades este viernes 27 de febrero. La medida de fuerza es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un bloque que integra a organizaciones de transporte, empleados estatales y movimientos sociales, quienes manifiestan su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Una nota de La Nación destacó que la fecha elegida para este reclamo coincide estratégicamente con el inicio del tratamiento del proyecto de ley oficialista en el Senado. Según lo definido en la asamblea realizada el pasado 23 de febrero en la sede de APSEE, la jornada incluirá una concentración frente al Congreso de la Nación que comenzará a las 10:00 desde la intersección de Avenida de Mayo y Salta. Bajo la consigna de defensa de los derechos laborales y la exigencia de mejoras en los haberes, cada entidad gremial tendrá la autonomía de determinar la modalidad específica de su protesta.
Esta convocatoria marca una clara distinción con la estrategia de la CGT, central que el pasado jueves 19 de febrero concretó una huelga de 24 horas sin movilización, logrando una parálisis total en colectivos, trenes y subtes tras la adhesión de la UTA, La Fraternidad y los Metrodelegados.
Según el portal informativo, Abel Furlán, titular de la UOM y referente del frente, planteó durante un acto en Avenida de Mayo la necesidad de que la CGT convoque a una huelga de 36 horas con movilización si continúan las sesiones legislativas. Sin embargo, para la jornada de este viernes, el sindicato metalúrgico solo llamó a marchar, sin contemplar un cese de actividades en las fábricas.
Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su participación plena en el paro y la marcha. Al respecto, el Secretario General de los estatales nacionales, Rodolfo Aguiar, citado por el medio de comunicación, sostuvo que es imperativo evitar la sanción de un marco legal que agudice la inestabilidad laboral de la fuerza de trabajo, asegurando que la normativa en debate solo ofrece beneficios para el sector patronal.
A esta postura se sumaron formalmente las dos vertientes de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, confirmando así un frente de resistencia que se desmarca de los sectores más dialoguistas que recientemente intentaron establecer puentes con el oficialismo en medio de este contexto de paro.
El trasfondo del conflicto: servicios esenciales y precarización
A pesar de que el oficialismo retiró del proyecto la polémica modificación sobre las licencias médicas, la tensión sindical persiste por otros puntos clave. El malestar se extiende al ámbito educativo y al sistema de traslados, donde gremios como UDA y sindicatos aeronáuticos denuncian la intención oficial de declarar a la educación como servicio esencial. Esta medida es rechazada por las organizaciones gremiales al considerar que busca neutralizar la efectividad de las protestas al obligar el mantenimiento de la actividad en las aulas, limitando así el ejercicio del derecho a huelga. Este escenario de confrontación se terminó de gestar ante la falta de acuerdos con los sectores de la CGT que no lograron frenar la presión de las bases ante la inminente votación de la ley.

