Milei acelera la privatización de AySA y abre la convocatoria para vender la empresa de agua
La gestión de AySA entra en una etapa decisiva tras la autorización oficial para subastar el servicio de agua mediante un proceso de privatización integral. A través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, la administración nacional formalizó el llamado a licitación pública, tanto nacional como internacional, para transferir la totalidad de las acciones estatales.
El documento, que lleva la rúbrica del ministro Luis Caputo, establece la venta del 90% del paquete accionario de la prestataria de saneamiento, mientras que el porcentaje restante permanecerá bajo el Programa de Propiedad Participada destinado a los empleados. Esta medida se fundamenta en la Ley 27.742 y busca, según los considerandos oficiales, ejecutar una transformación de carácter refundacional en la prestación del servicio.
El cronograma administrativo para la venta de AySA fija plazos estrictos, con la publicación del llamado durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en plataformas del Banco Mundial. El proceso se gestionará mediante el sistema CONTRAT.AR, estipulando que el 27 de agosto de 2026 vencerá el plazo para la recepción de propuestas económicas.
De acuerdo con la normativa vigente, el Ejecutivo s eleccionará a un operador estratégico mediante una licitación de etapa múltiple y sin precio base
Para garantizar la transparencia del traspaso de AySA, se constituyó una comisión evaluadora especial encargada de analizar los pliegos presentados. El nuevo diseño institucional pone el foco en el equilibrio entre la inversión en infraestructura de redes y la sostenibilidad financiera, lo que reinstala la discusión técnica sobre la actualización de los cuadros tarifarios. Desde el Ministerio de Economía se subrayó que el eje central no radica únicamente en el cambio de titularidad, sino en el diseño de un marco regulatorio que asegure la expansión de las cloacas y el suministro hídrico.
El concesionario privado deberá asumir compromisos operativos específicos, mientras que organismos como el ERAS brindarán asistencia técnica durante esta transición hacia un modelo de gestión basado en criterios de rentabilidad y eficiencia bajo supervisión estatal.
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