El Gobierno aplicó un recorte de casi $2,5 billones con impacto en educación y universidades
A través de una medida administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la gestión nacional oficializó una readecuación del Presupuesto 2026 que implica recortes por casi 2,5 billones de pesos, con un severo impacto en las partidas destinadas a educación y universidades. Esta quita, que representa aproximadamente el 1,6% de los gastos totales previstos para el año, se produce en la antesala de la gran movilización federal convocada para la Plaza de Mayo.
Según la documentación publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Educación sufrió una baja de más de 78.000 millones de pesos, afectando principalmente al Plan Nacional de Alfabetización y eliminando fondos clave para compensar los sueldos de los docentes en las provincias. El ajuste no solo alcanza los salarios, sino que suspende transferencias millonarias para infraestructura en el sistema de enseñanza superior, donde trece instituciones dejarán de recibir fondos para obras de conocimiento.
La poda presupuestaria en educación y universidades se suma a una reducción masiva en otras áreas para cumplir con las metas de superávit fiscal. De acuerdo con el detalle técnico de la Decisión Administrativa 20/2026, la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió 48.000 millones de pesos, mientras que los programas de políticas socioeducativas y equipamiento esco lar sufrieron mermas que superan los 28.000 millones.
En el ámbito del sector académico nacional, las universidades de La Plata, General San Martín y Avellaneda se ubican entre las más perjudicadas por la cancelación de transferencias de capital. Mientras se achican los recursos para los centros de formación profesional, el Gobierno redirigió fondos para financiar el plan de retiros voluntarios en la Anses y cubrir actualizaciones en los pagos de sentencias judiciales previsionales, incrementando el tope de estos últimos a más de 712.000 millones de pesos.
Este nuevo esquema de gastos para educación y universidades también incluyó bajas en sectores de salud, específicamente en la prevención del cáncer, y en obras viales sobre la Ruta Nacional 38. En contraste con la reducción en las casas de estudios públicas, el Consejo de la Magistratura recibió un refuerzo superior a los 137.000 millones de pesos para garantizar su operatividad y salarios.
No obstante, el mayor ajuste de esta reforma recayó sobre las asistencias financieras del Tesoro, vinculadas a la reducción de subsidios energéticos. La normativa confirma que la política oficial prioriza la redistribución de créditos para el funcionamiento judicial y previsional a costa de la infraestructura y los programas de integración ciudadana, consolidando un panorama de restricción extrema para el desarrollo educativo y científico en todo el territorio argentino.
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