La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y ordenó liquidar la histórica cadena de electrodomésticos
El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, bajo la titularidad de Fernando D’Alessandro, dictó la quiebra definitiva de Garbarino, concluyendo un proceso de crisis que se extendió por cinco años ante la justicia. La resolución judicial se fundamentó en la inexistencia de condiciones para prolongar el concurso preventivo, tras el fracaso de las negociaciones con acreedores y la ausencia de inversores interesados.
Con esta medida, se ordenó mantener la inhibición general de bienes y facultó a la sindicatura para iniciar la identificación y posterior remate de los activos. El cierre marca la caída definitiva de esta firma de electrodomésticos nacida en 1951, que bajo la fundación de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, logró posicionarse como la principal referente de productos electrónicos en el país.
La debacle administrativa se profundizó desde junio de 2020, cuando el empresario Carlos Rosales tomó el control de la compañía de retail. En ese periodo, la firma inició un concurso preventivo en 2021 que intentó frenar el colapso de una estructura de Garbarino que supo tener 200 sucursales y más de 4.500 operarios.
Sin embargo, la inviabilidad financiera redujo la operatividad a solo tres puntos de venta ubicados en Belgrano, Almagro y el centro porteño. En agosto del año pasado, el tribunal otorgó una última oportunidad mediante el mecanismo de cramdown para que terceros presentaran ofertas de adquisición, pero la única entidad inscripta, la firma Vlinder, desistió de formalizar una propuesta de reestructuración.
Esta resolución de quiebra ya había tenido un antecedente en abril, aunque en aquella ocasión Garbarino logró postergar el final depositando una fracción de la deuda reclamada. Según TN, el mismo destino alcanzó a Compumundo, la marca de informática del grupo, que tampoco logró captar compradores interesados pese a los intentos de subasta iniciados en 2021, cuando se buscaba recaudar al menos 58 millones de pesos por su paquete accionario.
Según el magistrado interviniente, el agotamiento de las instancias legales y la falta de propuestas concretas obligan a proceder con la liquidación total para intentar resarcir a los afectados por las deudas salariales y comerciales acumuladas.


