La Justicia avanza en la causa ANDIS: Diego Spagnuolo, procesado con un embargo millonario
En un fallo de alto impacto judicial, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación por graves irregularidades institucionales.
La resolución judicial no solo alcanza al extitular del organismo, sino que también involucra a otros 17 acusados, entre los que destacan el exfuncionario Diego Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y su hija, Ornella Calvete. Para el imputado, el magistrado impuso un embargo preventivo que supera los 200 millones de pesos, fundamentando la decisión en la existencia de un complejo esquema criminal que operaba desde la cúpula de la entidad estatal.
Según el dictamen de Casanello, se logró identificar un entramado de corrupción donde funcionarios de máxima jerarquía actuaron de forma coordinada con gestores externos para favorecer intereses privados ilícitos, dejando de lado la protección de las personas con discapacidad. Los cargos que pesan sobre Diego Spagnuolo incluyen asociación ilícita, administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
El magistrado advirtió que la agencia fue cooptada como una herramienta de enriquecimiento personal, detectándose prácticas de intermediación, privilegios y sobreprecios en diversas áreas de contratación pública, con indicios que señalan a Miguel Calvete como un actor central en el tráfico de influencias.
El expediente judicial tomó impulso tras la filtración de audios ocurrida en agosto pasado. En dichas grabaciones, se escucha a Spagnuolo denunciar un mecanismo de retenciones del 8% en la adquisición de fármacos, mencionando supuestos retornos que involucraban a figuras del entorno presidencial y a la droguería Suizo Argentina.
En esos registros, el exfuncionario procesado afirmaba que la agencia estaba siendo «defalcada» a sus espaldas mediante un sistema de negocios con medicamentos que generaban rentabilidades irregulares. A pesar de sus intentos por desvincularse en los audios, la Justicia ratificó que el grupo delictivo vulneró el manejo transparente de la gestión estatal, sumando al procesamiento al médico Pablo Atchabahian.

