Jaldo sacude el tablero: quita poder a Cisneros mientras estallan acusaciones por millonarias irregularidades en la Caja Popular

Pero la historia no termina allí. Detrás de este movimiento político hay un trasfondo mucho más explosivo: denuncias, auditorías y una investigación oficial que ponen bajo sospecha la gestión de la Caja en una millonaria operatoria con mercadería estatal, con posibles daños al patrimonio provincial que superan los $26 millones.

 El golpe a Cisneros no fue solo político

La salida de Díaz y Amatti —ambos vinculados a Cisneros y a La Bancaria— representa una pérdida de control sobre uno de los principales resortes de poder corporativo del sindicalismo bancario en Tucumán. Durante años, la Caja funcionó no solo como institución financiera estatal, sino como un punto de apoyo para influencias y acuerdos políticos en el peronismo local.

Con la llegada de Guillermo Norry y Antonio Bustamante, ligados al ministro del Interior Darío Monteros y al propio jaldismo, ese mecanismo queda fuertemente debilitado. La jugada no solo corta vínculos de patronazgo, sino que redistribuye poder hacia el Ejecutivo provincial, dejando a Cisneros sin su principal palanca de control interno.

Auditoría explosiva: más de $26 millones bajo la lupa

Según un informe del Tribunal de Cuentas de Tucumán, durante 2023 se detectaron 12 órdenes de entrega de mercadería, mobiliario y bienes del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular, sin convenio vigente ni marco legal que lo justificara, lo que implicaría un perjuicio patrimonial estimado en $26.791.604.

El control fiscal advirtió que no existe respaldo documental que indique el programa en virtud del cual se entregaron esos bienes, ni se identificaron los destinatarios finales de la mercadería, lo cual agrava la irregularidad.

 Entre los bienes entregados figuran paquetes de alimentos básicos (arroz, fideos, harina, leche), yerba, aceite, chapas, sillas, mesas y camas cuchetas, retirados desde depósitos oficiales o de proveedores privados y cargados a nombre de la Caja Popular.

 Investigaciones abiertas y denuncia penal

La apertura de un juicio de responsabilidad administrativa

por parte del Tribunal de Cuentas fue acompañada con notificación al Ministerio Público Fiscal para que investigue si estos hechos configuran posibles delitos como incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.

Además, según otras fuentes, se presentó una denuncia penal que apunta no solo al interventor Díaz, sino también al legislador y ex subinterventor Hugo Ledesma (cuñado de Cisneros) y a la ex ministra de Desarrollo Social Lorena Málaga, señalándolos por presunta asociación ilícita y peculado.

La versión de la Caja: hostigamiento o encubrimiento

Frente a estas denuncias, la conducción de la Caja Popular respondió con dureza, acusando al Tribunal de Cuentas de ”abuso de autoridad” y de generar un hostigamiento institucional que paraliza el organismo.

El interventor Díaz llegó a plantear que la auditoría dentro del Tribunal se debe a diferencias personales entre funcionarios de control y la entidad que él lideraba, desafiando la imputación sobre la operatoria con Desarrollo Social.

El contexto político explota

Esta doble arista —el corte de poder de Cisneros en la Caja Popular por parte de Jaldo, y la investigación fiscal y penal por manejo irregular de mercadería estatal— coloca a Tucumán en un momento de alta tensión política.

No es solo una disputa interna del oficialismo provincial. Es una reconfiguración de fuerzas:
✔️ Un gobernador decidido a recuperar el control de áreas estratégicas del Estado.
✔️ Un dirigente sindical y legislador, Cisneros, con influencia tradicional pero debilitado.
✔️ Una Caja Popular que ahora está en el centro de una tormenta judicial y política.

En política, los espacios de poder —especialmente los que manejan recursos, clientelas y cargos— no se ceden sin batalla. Lo que está ocurriendo no es un simple cambio de administradores: es una redefinición de quién manda realmente en Tucumán.