A través de un per saltum, el Gobierno pidió a la Corte Suprema levantar la suspensión de la reforma laboral
La Procuración del Tesoro de la Nación elevó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando su intervención directa para anular la suspensión que pesa sobre la reforma laboral. La estrategia legal del Estado busca dejar sin efecto la medida cautelar dictada por el fuero del Trabajo, la cual frenó la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
En su presentación, el cuerpo de abogados que representa a la Secretaría de Trabajo y al Ministerio de Capital Humano exigió que el máximo tribunal declare admisible el recurso, revoque el fallo de primera instancia y restablezca la vigencia de la norma de manera definitiva, argumentando que la resolución previa fue emitida por un magistrado sin competencia para actuar en el caso.
El conflicto jurídico se originó tras una demanda de la CGT, entidad que denunció que las modificaciones legales vulneran principios de progresividad social, libertad sindical y protección del empleo. Ante esto, el juez Raúl Horacio Ojeda había dispuesto la suspensión con alcance general de los puntos cuestionados. Sin embargo, desde la Procuración sostuvieron que la central obrera no logró demostrar un perjuicio concreto y basó su reclamo en premisas abstractas contra la reforma laboral.
El organismo estatal remarcó que, al ser el Estado Nacional parte del litigio, la causa debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal, señalando además que el magistrado laboral excedió sus atribuciones al suspender artículos que ni siquiera habían sido incluidos en la demanda original de los gremios sobre esta reestructuración del marco del trabajo.
La administración nacional calificó el escenario actual como de gravedad institucional, advirtiendo que la decisión de un tribunal inferior de frenar una ley del Congreso atenta contra la división de poderes. Según el escrito oficial, la medida genera un daño irreparable a la seguridad jurídica y a la estabilidad regulatoria del mercado de trabajo. La Procuración invocó precedentes de la propia Corte para subrayar que ningún juez de instancias menores tiene la facultad de suspender una ley con efectos generales para toda la población.
Por tal motivo, el Gobierno concluyó que la intervención urgente del máximo tribunal es la única herramienta eficaz para disipar la incertidumbre de empleadores y trabajadores respecto a la reforma laboral, solicitando que se restituyan de inmediato las facultades otorgadas por la actualización normativa de las relaciones de empleo mientras se resuelve el fondo de la cuestión judicial.
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