Fondos del PAMI: el Gobierno activa reuniones clave en medio de la crisis de más de 5.000 prestadores
La sostenibilidad financiera de los prestadores de salud del PAMI a nivel nacional ha alcanzado un estado de tensión crítica, con advertencias sobre un posible resentimiento del sistema ante la proximidad de la temporada invernal por parte del Gobierno. Una nota de Infobae destaca que según referentes del sector privado, aunque no se proyectan cierres masivos inmediatos, la persistencia en la falta de actualización de los recursos económicos profundizará la reprogramación de turnos y la reducción de servicios para los seis millones de afiliados de la obra social más grande del país.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Salud citadas por el portal informativo, admiten que existe un retraso significativo en el flujo de fondos, situación que genera una fuerte preocupación en la Jefatura de Gabinete.La magnitud del conflicto se refleja en una deuda global que las prestadoras estiman en 500.000 millones de pesos. El financiamiento del instituto depende de las transferencias de ANSES y de la asistencia directa del Tesoro Nacional, la cual resulta vital ante el déficit operativo generado por el envejecimiento poblacional.
No obstante, la política de superávit fiscal implementada por el Ministerio de Economía ha priorizado el recorte de gastos frente a la caída de la recaudación. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto en prestaciones del PAMI sufrió una caída real del 29,8% bimestral interanual al inicio de 2026, impulsada por una reducción del 57,7% en los giros del Tesoro.
Ante este escenario, se activaron instancias de diálogo cruciales. Por un lado, las autoridades del PAMI, encabezadas por Esteban Leguizamo, mantendrán un encuentro con las cámaras prestadoras para brindar respuestas sobre la mora acumulada. A su vez, los ministros Luis Caputo y Mario Lugones encabezarán una audiencia de seguimiento de gestión donde el financiamiento de la entidad previsional será un eje central. Desde el sector privado remarcan la urgencia de estas definiciones para evitar cesaciones de pagos a proveedores y el cierre de establecimientos que, actualmente, solo operan casos de urgencia.
La crisis se agrava por el fin del impuesto PAIS y la incertidumbre sobre la Ley de Emergencia Sanitaria. Si el Estado no extiende la exención de contribuciones patronales a fin de año, unas 5.000 instituciones quedarán expuestas a embargos y ejecuciones fiscales por parte de ARCA. Fuentes del ámbito sanitario subrayan que los planes de pago previos han resultado inviables, dejando al sistema prestacional de la obra social estatal en una situación de vulnerabilidad extrema por el desfasaje financiero acumulado.

