El Tribunal de Cuentas responsabilizó a Mauricio Formoso por un presunto perjuicio de $34 millones al Estado de Tucumán

De acuerdo con la resolución, el organismo concluyó que Formoso cobró remuneraciones en dos funciones distintas dentro de la administración pública provincial: como Auxiliar Docente del Ministerio de Educación y como agente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, desde donde fue afectado funcionalmente al despacho del diputado nacional Carlos Cisneros.

La investigación

El expediente se originó tras una auditoría de personal ordenada en 2024, luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera revisar las adscripciones dentro de la administración pública. Durante ese proceso se detectaron presuntas irregularidades en la situación laboral de distintos agentes, entre ellos Formoso, lo que derivó en la apertura de un juicio de responsabilidad patrimonial.

Según el Tribunal, durante la investigación no se incorporó documentación suficiente que acreditara la prestación efectiva de tareas en los cargos por los cuales percibió haberes provinciales. También señaló que su designación como auxiliar docente fue posteriormente declarada nula por el Poder Ejecutivo debido a irregularidades administrativas en el procedimiento de nombramiento.

El monto del cargo fiscal

La resolución determinó un cargo fiscal total de $34.028.849,13, actualizado al 30 de abril de 2026.

Ese monto comprende, según el Tribunal:

• Haberes percibidos como auxiliar docente.
• Sueldos correspondientes a su afectación en la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento.
• Importes abonados en concepto de incentivo docente.

También hubo un sobreseimiento

En el mismo acuerdo, el Tribunal de Cuentas resolvió sobreseer al politólogo Juan Pablo Pinna, al concluir que no existió un perjuicio para el patrimonio provincial en su caso. No obstante, dispuso remitir antecedentes a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y al Ministerio Público Fiscal para que analicen eventuales pagos de haberes municipales.

Qué sostiene la resolución

En los fundamentos del fallo administrativo, el Tribunal concluyó que existen elementos suficientes para considerar configurado un perjuicio económico para la Provincia derivado del cobro de haberes sin respaldo documental que acredite la efectiva prestación de servicios.

La resolución corresponde a un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial. Hasta el momento, no implica por sí misma una condena penal, aunque el propio Tribunal dispuso remitir antecedentes a los organismos competentes para que evalúen si corresponde avanzar con otras actuaciones.