El Gobierno oficializa nuevas obras sociales para Fuerzas Armadas y fuerzas federales ante crisis del IOSFA
A través del decreto 88/2026, el Gobierno nacional dispuso la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), tras una auditoría interna que reveló una situación de quebranto financiero. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, establece la creación de dos nuevas obras sociales independientes para las FFAA y el personal de seguridad: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de fuerzas federales de Seguridad (OSFFESEG).
Según los datos oficiales, el pasivo del antiguo instituto escaló de $44.000 millones a $210.000 millones durante el último año, alcanzando una deuda total cercana a los $250.000 millones que deberá ser saneada por el Ministerio de Economía mediante instrumentos específicos de cancelación de pasivos.
El proceso de liquidación del antiguo instituto estará bajo la tutela de un Administrador designado por el Ministerio de Defensa, quien tendrá un plazo de un año para concretar la transferencia de activos, bienes y personal. Durante esta etapa, las nuevas obras sociales contarán con la asistencia de una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de las carteras de Seguridad, Salud y Economía, bajo la auditoría de la Sindicatura General de la Nación.
Para garantizar que estos agentes de seguro de salud
La nueva arquitectura orgánica de la OSFA estará compuesta por un directorio de cinco miembros designados por el Ministerio de Defensa, manteniendo la representación proporcional de las tres fuerzas y el personal civil. Este cuerpo tendrá facultades ampliadas para la contratación de recursos humanos y la asignación de responsabilidades, buscando profesionalizar la administración y evitar manejos arbitrarios.
Mientras se cumple el plazo para la transferencia definitiva de afiliados, estas entidades prestacionales buscarán asegurar una cobertura previsible y sostenible. Con esta nueva estructura de obras sociales, se pone fin a un ciclo de gobernanza política iniciado en 2013, devolviendo autonomía operativa a los uniformados para enfrentar la crisis que afectaba a sus familias en todo el país.


