El Gobierno envió al Congreso la «Ley Hojarasca» para derogar más de 70 normas
El Poder Ejecutivo formalizó este jueves el ingreso al Congreso del proyecto de «Ley Hojarascas«, una iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno que propone la anulación de 70 normativas calificadas como obsoletas, redundantes o contrarias a los preceptos constitucionales actuales. Según un relevamiento de Infobae basado en el texto oficial, la propuesta de Federico Sturzenegger pretende realizar una «limpieza» integral del digesto jurídico en Argentina.
Esta medida busca suprimir regulaciones que, de acuerdo con la visión del oficialismo, entorpecen la gestión estatal moderna y limitan de forma injustificada diversos derechos y actividades ciudadanas, bajo una lógica de «motosierra legal» para reducir la intervención del Estado.
El análisis que sustenta la reforma abarca disposiciones dictadas desde 1864 e identifica leyes que, además de generar burocracia, responden a criterios sanitarios o de control social hoy cuestionados. Un caso emblemático incluido en esta propuesta de desregulación es la derogación de la norma que permite la internación obligatoria de personas con lepra, disposición que el Estado considera abiertamente contraria a los derechos fundamentales.
Asimismo, la Ley Hojarascas apunta contra reglas desfasadas por la tecnología, como las relativas a la microfilmación o la televisión a color, y elimina estructuras burocráticas vinculadas a organismos que ya no existen
La Ley Hojarascas, que retoma el espíritu de un intento fallido en 2024, también busca eliminar el control sobre reuniones privadas y exigencias administrativas arcaicas, como el carnet de mochilero vigente desde la década del 70. En el plano económico, este plan de simplificación normativa prevé el cese de aportes nacionales a entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, obligándolas al autofinanciamiento.
Desde la Casa Rosada sostienen que esta ley es una pieza clave de una reforma más amplia orientada a la libertad individual y la facilitación de la actividad económica. El debate queda ahora en manos de los legisladores, quienes definirán si el sistema legal argentino logra finalmente simplificarse o si la iniciativa vuelve a quedar en pausa.


