Crece el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario y convocan a una masiva movilización
El conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios alcanza un nuevo punto crítico con la convocatoria a una marcha federal para este martes, en reclamo por la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta protesta, respaldada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sindicatos y agrupaciones estudiantiles, surge tras 200 días de incumplimiento de la normativa por parte del Poder Ejecutivo, a pesar de haber sido ratificada por el Congreso tras un veto presidencial fallido.
La comunidad académica busca visibilizar la crisis mediante esta gran movilización educativa, que tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo a las 17 horas, replicando el pedido de aplicar de forma efectiva la Ley de Financiamiento Universitario en todo el territorio nacional para frenar el deterioro del sistema científico y pedagógico.
Como antesala a la jornada principal, este lunes se desarrollan clases públicas en diversos puntos de la UBA, incluyendo las escalinatas de las facultades de Derecho y Medicina, así como en Ciencias Económicas y Veterinarias. Estas actividades de visibilización académica refuerzan una demanda que ya cuenta con dos sentencias judiciales a favor del sistema universitario, las cuales ordenan al Estado ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario
No obstante, desde el vicerrectorado de la UBA, Emiliano Yacobitti señaló a TN que, ante la decisión oficial de apelar estos fallos y llevar la disputa a la Corte Suprema, la movilización popular se presenta como la única vía restante para exigir el cumplimiento de la ley tras haber agotado las instancias de diálogo y las vías parlamentarias.
Según el portal informativo, el impacto económico en el sector es severo, con informes del IIEP UBA-Conicet que advierten sobre una caída real del 28,9% en el presupuesto destinado a la educación superior entre 2023 y 2025, situando la inversión en niveles históricamente bajos. A esta desinversión se suma una pérdida del poder adquisitivo de los docentes superior al 33% desde fines de 2023.
En este escenario de tensión, que incluye intimaciones del Ministerio de Capital Humano hacia los rectores por las medidas de fuerza, sectores de la CGT, las CTA y diversos espacios políticos como el PJ y el Frente de Izquierda confirmaron su adhesión. Referentes sindicales y legisladores coinciden en que la masividad de la convocatoria será determinante para defender el futuro de la ciencia y la universidad pública frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento estratégico.

