El Gobierno dio luz verde a nueve provincias para concesionar obras en rutas nacionales
A través del decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Estado Nacional autorizó la descentralización de la gestión operativa de diversas rutas nacionales, otorgando a las provincias la facultad de gestionar concesiones de obra pública. Las jurisdicciones beneficiadas por este trámite administrativo son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, cuyos gobiernos podrán ahora implementar el cobro de peaje en tramos federales.
Según lo establecido en la normativa oficial, el objetivo central es dinamizar la administración y reparación de la infraestructura vial, permitiendo que los mandatarios locales lideren los procesos de licitación y conservación para garantizar una respuesta más ágil a las necesidades del transporte.
Bajo este nuevo esquema, las autoridades regionales adquieren la competencia para seleccionar concesionarios y suscribir contratos, siempre bajo la supervisión técnica de la Dirección Nacional de Vialidad. Es importante destacar que el texto del decreto aclara que la medida no implica un traspaso de la titularidad de las rutas nacionales, las cuales conservan su carácter de dominio público federal, sino una delegación funcional y revocable.Para que el proceso se haga efectivo, cada distrito deberá firmar convenios donde se detalle el plan de obras para estos caminos de jurisdicción federal, asumiendo el compromiso de mantener indemne a la Nación ante eventuales reclamos.
Un aspecto restrictivo de la disposición gubernamental establece que los fondos recaudados por la explotación de un tramo deben reinvertirse exclusivamente en la construcción o mantenimiento de esa misma arteria vial nacional.El cronograma fijado por el Ministerio de Economía establece que, una vez aprobado el convenio por la Secretaría de Transporte, las autoridades locales dispondrán de un año para iniciar la selección de empresas en las rutas nacionales. De no cumplirse los tiempos estipulados, la delegación de competencias caducará de forma automática, retornando la gestión a manos de Vialidad Nacional. Este modelo de fortalecimiento federal, según los fundamentos de la norma, busca optimizar la seguridad en el transporte y mejorar el estado de las rutas nacionales.
En última instancia, la medida impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a incrementar la eficiencia logística mediante el financiamiento privado, permitiendo que otras provincias soliciten facultades similares ante el Ministerio del Interior conforme a los criterios de transparencia vigentes.
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