Denuncian a los abogados Alfredo y Silvia Aydar por presunta estafa y administración fraudulenta contra una joven en Tucumán

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Posteriormente, el vehículo fue vendido por 33,5 millones de pesos a una persona allegada a Alfredo Aydar. Según la denuncia, a partir de esa operación comenzó una maniobra destinada a quitarle a la víctima el control sobre el dinero obtenido como indemnización.

La joven aseguró ante la Justicia que el abogado le desaconsejó depositar los fondos en entidades bancarias argumentando supuestos riesgos financieros y de inseguridad. La denuncia sostiene que esas advertencias formaban parte de una estrategia para generar dependencia y temor.

“Estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio”, sostiene la presentación incorporada al expediente.

Sospechas sobre inversiones y préstamos

Uno de los puntos más delicados de la investigación está relacionado con el destino que habrían tenido los fondos de la joven.

La causa incorpora audios y mensajes de WhatsApp donde Alfredo Aydar habría reconocido haber colocado el dinero en supuestos préstamos a terceros en Santiago del Estero, prometiendo intereses mensuales del 2,5%.

Sin embargo, según fuentes judiciales, no existirían contratos, garantías, autorizaciones firmadas ni documentación respaldatoria sobre esas operaciones financieras.

A raíz de esto, la Justicia analiza además una posible competencia federal por presunta intermediación financiera no autorizada, una figura vinculada a la captación y colocación de fondos sin autorización del Banco Central.

Honorarios bajo investigación

La denunciante también cuestionó supuestos descuentos millonarios realizados por el estudio jurídico bajo el argumento de haber presentado más de 100 escritos judiciales en causas derivadas.

Según la acusación, los abogados pretendían cobrar alrededor de 650.000 pesos por cada presentación, pese a que no habría existido convenio de honorarios ni autorización expresa.

El Ministerio Público Fiscal intenta determinar si esos cobros tenían respaldo legal o si fueron utilizados para absorber de manera irregular parte del dinero de la indemnización.

Allanamientos y secuestro de pruebas

En el marco de la investigación, la jueza Cintia Rocha autorizó allanamientos simultáneos en el estudio jurídico ubicado en calle Maipú 70 y en el domicilio particular de Alfredo Aydar.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación que actualmente está siendo peritada por los investigadores para reconstruir la ruta del dinero y establecer eventuales responsabilidades penales.

Investigación con perspectiva de género

La causa se tramita bajo perspectiva de género debido a la situación de vulnerabilidad de la denunciante.

La joven tiene 21 años, se encuentra desempleada, es madre de un bebé de dos meses y, según la acusación, el dinero de la reparación representaba su único sustento económico.

Fuentes vinculadas a la investigación estiman que el perjuicio económico denunciado superaría los 30 millones de pesos.