Ley de Financiamiento Universitario: cuándo arranca el paro de las universidades que durará una semana
El frente gremial que nuclea a los trabajadores docentes y no docentes del sistema de educación superior resolvió convocar a un paro nacional que paralizará las universidades públicas durante toda la próxima semana, comenzando el martes 26 de mayo, en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida de fuerza, ratificada en un plenario de secretarios gremiales de la Conadu, se implementará ante la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo y mientras se aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia respecto al cumplimiento de la normativa presupuestaria de educación superior. Las jornadas de huelga contemplan la realización de clases públicas, protestas y acciones callejeras en los distintos distritos, en coincidencia con una aparición del presidente Javier Milei en la Universidad de San Andrés, un establecimiento de carácter privado.
La planificación sindical prevé la conformación de un frente educativo el 22 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires y la evaluación de medidas de fuerza por tiempo indeterminado para el segundo cuatrimestre, propuesta que la representación de la UBA elevará al encuentro de secretarios generales el 5 de junio. Según datos de la Conadu, el sector no accede a instancias paritarias desde octubre de 2024, registrando una contracción del 34% en el poder adquisitivo salarial hasta enero de 2026, mes en que un docente con dedicación simple y una década de antigüedad percibió un haber bruto de 305.604 pesos en el marco del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
Al respecto, la secretaria general de la organización gremial, Clara Chevalier, manifestó al diario Ámbito que los ingresos actuales representan la mitad del valor correspondiente y que las bases agotaron los plazos de tolerancia tras las movilizaciones orientadas a ratificar el instrumento legal de financiamiento educativo.
Por otra parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un documento de rechazo frente a los posicionamientos del jefe de Estado y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en redes sociales y entornos mediáticos. Las autoridades de los rectorados repudiaron las descalificaciones institucionales orientadas hacia la conducción del organismo, específicamente contra su titular Franco Bartolacci.
En su declaración oficial, el CIN sostuvo que los agravios gubernamentales configuran un intento sistemático por desprestigiar la defensa de la enseñanza pública y federal, afectando la convivencia democrática mediante mecanismos de intimidación. Los rectores concluyeron que la controversia excede la asignación presupuestaria ligada a la Ley de Financiamiento Universitario, comprometiendo el modelo de sociedad y el debate público.


