Polémica por la ley de salud mental: impulsan cambios para agilizar internaciones sin consentimiento
En el marco del debate nacional por la actualización de la Ley de salud mental, especialistas del sector han planteado la necesidad de aplicar ciertos cambios determinantes en la normativa para facilitar las internaciones de carácter involuntario. Durante una entrevista con Punto a Punto Radio, la psicóloga clínica Silvia Papuchado (MP 11783) defendió la urgencia de renovar el marco legal vigente este abril de 2026 para permitir abordajes tempranos frente a cuadros clínicos de peligrosidad.
La propuesta se fundamenta en la prevención de episodios violentos y en la búsqueda de soluciones más veloces para el entorno familiar de los pacientes. Según la experta mencionada, no se trata de una derogación, sino de una adecuación necesaria para el contexto actual, especialmente tras registrarse incidentes que evidencian fallas en los sistemas de respuesta del Gobierno.
Uno de los ejes de la discusión técnica se sitúa en el artículo 20 de la actual Ley de salud mental, que condiciona las internaciones sin consentimiento a la existencia de un peligro real y próximo. La postura de Papuchado sostiene que este estatuto de asistencia psiquiátrica obstaculiza la atención de personas que, debido a su propia afección, carecen de noción sobre su estado y rechazan el tratamiento médico.
La profesional advirtió que esperar a que el riesgo sea inminente impide actuar antes de que las situaciones escalen hacia hechos trágicos. Asimismo, se planteó que la exigencia de equipos interdisciplinarios y la obligatoriedad de dar aviso a la justicia presentan dificultades operativas bajo la Ley de salud mental en regiones con escasez de psiquiatras o médicos disponibles.
La iniciativa también propone sustituir el concepto de padecimiento por el de enfermedad para otorgar mayor claridad al diagnóstico y al tratamiento clínico dentro de este ordenamiento de sanidad mental. De acuerdo con la fuente consultada, la falta de recursos económicos agrava la situación de las familias, quienes a menudo dependen del auxilio policial ante crisis agudas que no siempre se resuelven con la retirada de los agentes.
En este sentido, la reforma pretende que la estabilidad transitoria de un paciente no sea el único factor para determinar el alta, considerando que el peligro potencial puede persistir más allá de la crisis momentánea. El objetivo final de la Ley de salud mental es priorizar la prevención y el derecho a la salud por encima de interpretaciones rígidas sobre la autonomía individual en casos de pérdida de conciencia.



