La Corte Suprema dio un nuevo paso en el conflicto entre las universidades y el Gobierno
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso decisivo este martes al dejar el expediente en condiciones de dictar sentencia en el pleito que mantienen las universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la masiva movilización a Plaza de Mayo, el máximo tribunal quedó habilitado para resolver el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, que cuestiona la validez de la norma argumentando la falta de precisión sobre las fuentes de financiamiento.
Esta instancia judicial es clave para el sistema de educación superior, ya que la ley en disputa ordena la actualización automática de fondos por inflación, la mejora de los sueldos de docentes y no docentes, y el fortalecimiento de becas e infraestructura. Actualmente, la aplicación de estos artículos permanece suspendida debido a las impugnaciones oficiales contenidas en el Presupuesto 2026 y en normativas administrativas recientes, lo que motivó el reclamo de las universidades.
El conflicto llegó a la última instancia judicial luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lograra fallos favorables en primera y segunda instancia, los cuales obligaban al Estado a transferir los recursos. En su apelación ante la Corte Suprema, el Ejecutivo sostuvo que la ejecución de la ley generaría un daño irreparable a las arcas públicas.
No obstante, fuentes consultadas por TN indicaron que el tribunal podría optar por rechazar el recurso gubernamental mediante el artículo 280 del Código Procesal, lo que dejaría firme la orden de pago a favor de las universidades
En el plano político, el Gobierno mantuvo una postura firme y minimizó el impacto de la protesta estudiantil y docente. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, describió la movilización como una maniobra orquestada por sectores de la oposición para obtener beneficios políticos. Según el funcionario, en diálogo con Radio Mitre, diversos dirigentes y sindicalistas intentaron instrumentar una causa legítima con fines partidarios.
A pesar de la presión en las calles y los reclamos de los centros de formación nacional, el presidente Javier Milei evitó pronunciarse de forma directa, limitándose a validar mensajes en redes sociales que calificaban la marcha como un acto político en contra de su gestión económica.


