El Gobierno profundiza su alineamiento con Estados Unidos y evalúa salir de organismos de la ONU

Por admin Último Momento

En un giro drástico de su política exterior, el gobierno nacional ha comenzado a evaluar formalmente la salida de la Argentina de más de 60 entidades y tratados internacionales vinculados a la ONU. Según TN, esta iniciativa, fue planteada por altas fuentes de la Casa Rosada, y el objetivo es consolidar un alineamiento total con los Estados Unidos y la administración de Donald Trump, quien recientemente anunció que el país norteamericano abandonará al menos 66 entidades y acuerdos globales.

Segun el portal informativo, bajo la premisa de que «la única ley que tendría que importar es la nuestra», el Ejecutivo analiza seguir los pasos de Washington para priorizar la soberanía normativa local por sobre los mandatos multilaterales de la organización internacional.

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, es la encargada de examinar minuciosamente el costo y beneficio de abandonar convenios estratégicos de la organización intergubernamental mundial. Entre las dependencias que están bajo la lupa oficial se encuentran el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Fondo para la Consolidación de la Paz. El objetivo político es despegarse de estructuras que el memorándum de la Casa Blanca, emitido el pasado 7 de enero, calificó como «contrarias a los intereses» nacionales, buscando una autonomía plena en la toma de decisiones.

Pablo Quirno analiza el impacto financiero tras el retiro estratégico.

Sin embargo, este proceso de repliegue enfrenta desafíos técnicos y económicos significativos. Dentro del propio equipo gubernamental existen advertencias sobre el impacto que una salida masiva de esta entidad multilateral

podría tener en el flujo de capitales. Fuentes oficiales admiten al medio de comunicación, que desvincularse de estos foros internacionales podría entorpecer el financiamiento destinado a proyectos de infraestructura y desarrollo que ya están en marcha en el país. Por ello, el análisis actual se centra en determinar si la ganancia de autonomía política compensa la posible pérdida de recursos crediticios gestionados ante la ONU.