El Gobierno elimina trámites clave para el campo: ya no se exigirán habilitaciones municipales
El gobierno nacional oficializó la eliminación de la obligatoriedad de presentar habilitaciones locales, tanto municipales como provinciales, para diversos trámites vinculados a la actividad del campo y el agro. A través de una resolución del Senasa publicada en el Boletín Oficial, se estableció que los productores que formen parte del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) ya no deberán acreditar permisos de jurisdicciones inferiores ante el organismo nacional.
Según la normativa que lleva la firma de María Beatriz Giraudo, esta simplificación administrativa alcanza a predios productivos, terminales de carga, laboratorios y proveedores de servicios veterinarios. La medida se apoya en los lineamientos del DNU 70/2023 y el Decreto 90/2025, orientados a la desregulación económica y la eliminación de normas redundantes que generan sobrecostos innecesarios en el sector privado.
La iniciativa impulsada por la titular del Senasa busca terminar con la superposición de requisitos que, en la práctica, funcionaban como una duplicidad documental y una carga burocrática excesiva para el ciudadano en el campo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la importancia de separar las exigencias nacionales de las locales para limitar la discrecionalidad de los municipios y fomentar la libre circulación de bienes en el sector rural.
De esta manera, el trámite del Renspa, que es gratuito y se gestiona de forma digital a través de la AFIP, se consolida como el eje central de fiscalización de la sanidad animal y vegetal, vinculando directamente al productor con su tierra sin necesidad de costosas validaciones territoriales adicionales que distorsionen los precios de mercado en el campo.
Pese a la quita de estos requisitos administrativos, el organismo sanitario aclaró que la medida no representa una flexibilización de los estándares de inocuidad ni de las responsabilidades de los actores de la cadena agroalimentaria. La responsabilidad de garantizar la calidad de la producción sigue vigente bajo la Ley de Sanidad Animal y Vegetal, y los administrados deben continuar cumpliendo con las normativas locales aplicables a sus actividades específicas en la actividad agraria.
Sin embargo, el Estado nacional dejará de exigir dicha documentación para sus propios procesos, apuntando a una armonización de criterios frente a la heterogeneidad de los regímenes municipales. Giraudo, quien anteriormente se desempeñó en el INTA y presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, ejecuta así un plan de desburocratización que prioriza la libertad de iniciativa privada y la reducción del gasto administrativo en este 2026.



