Salud mental: el Gobierno impulsa cambios en la ley y abre el debate en el Congreso
El Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso una propuesta de reforma integral para la ley de salud mental y el sistema de atención de consumos problemáticos en Argentina. Según lo comunicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este abril de 2026, la iniciativa oficial pretende actualizar la normativa vigente para responder a las demandas de diversos sectores profesionales y familiares que señalan dificultades operativas en la ley actual.
El anuncio coincidió con un encuentro de trabajo en la Casa Rosada entre Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, destinado a precisar los lineamientos técnicos de un proyecto que busca recuperar el protagonismo de la agenda gubernamental.
Uno de los pilares de la transformación propuesta es la flexibilización del régimen de internaciones involuntarias en el marco de la salud mental. El texto sugiere que la justicia tenga facultades para autorizar hospitalizaciones cuando se verifique una situación de peligro para el propio paciente o para terceros, estableciendo cuatro escenarios específicos donde el internamiento actuaría como un recurso de excepción.
Según Ámbito, de acuerdo con fuentes oficiales, esta modificación en el área de bienestar psicológico atiende a los pedidos de las fuerzas de seguridad y trabajadores sanitarios que enfrentan episodios de crisis aguda sin herramientas suficientes bajo el protocolo vigente.
Asimismo, se contempla la habilitación de centros especializados y establecimientos neuropsiquiátricos diseñados para abordar patologías severas que hoy no encuentran una respuesta adecuada en el sistema de hospitales generales.
La reforma también pone el foco en la continuidad del cuidado y la supervisión del sistema de sanidad emocional. El borrador legislativo prevé una revisión profunda de las condiciones de egreso de los pacientes, así como de los procesos de rehabilitación y reinserción social dentro de la salud mental.
En este sentido, se plantea una reestructuración del Órgano de Revisión, encargado actualmente de fiscalizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios.
Entre los cambios analizados por la gestión de Javier Milei, se destaca la posibilidad de ampliar las atribuciones de la defensoría para requerir intervenciones terapéuticas de urgencia.
Con esta propuesta, el Gobierno intenta reinstalar puntos que quedaron fuera de debates legislativos previos, enfocándose en la infraestructura para cuadros de alta complejidad relacionados con la salud mental.

