El Gobierno oficializó la Ley de Modernización Laboral, a una semana de su sanción en el Senado
Apenas siete días después de recibir el aval definitivo en el Congreso, el Gobierno Nacional puso en funciones este viernes la Ley de Modernización Laboral, un instrumento que redefine el paradigma de las contrataciones en Argentina. La medida quedó ratificada mediante el Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial, llevando las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El texto, que había regresado al recinto tras la eliminación del artículo sobre licencias médicas en Diputados, obtuvo finalmente 42 votos a favor en la Cámara Alta, permitiendo al Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales para promulgar la norma sancionada el pasado 27 de febrero.
La normativa de reforma laboral, estructurada en 25 capítulos, introduce transformaciones en el régimen de despidos y la dinámica de la Justicia del trabajo con el fin de reducir la litigiosidad. Entre los puntos centrales, la Ley de Modernización Laboral establece un esquema de indemnizaciones por despido sin causa equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, fijando topes específicos.
Asimismo, la ley crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuentas inembargables administradas por la Comisión Nacional de Valores que se financiarán con aportes patronales obligatorios del 1% para compañías grandes y del 2,5% para pequeñas y medianas empresas, funcionando como un respaldo ante las desvinculaciones.
El articulado de este nuevo marco regulatorio también flexibiliza el uso del tiempo libre y la jornada de trabajo. Se modificó el periodo de vacaciones, que ahora podrán otorgarse entre octubre y abril, permitiendo incluso el fraccionamiento en tramos mínimos de siete días previo acuerdo entre las partes. En sintonía, se habilitó la creación voluntaria de bancos de horas para compensar jornadas extraordinarias, siempre que el pacto se formalice por escrito dentro de lo estipulado por la Ley de Modernización Laboral.
Es importante destacar que estas disposiciones excluyen al personal de la administración pública, trabajadores agrarios, empleados de casas particulares y prestadores de plataformas digitales. Finalmente, la norma estipula que, a partir de 2028, organismos como el Incaa dependerán exclusivamente de las partidas asignadas en el Presupuesto Nacional.
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