Vaca Muerta consolida su desarrollo con nuevas inversiones en infraestructura energética

El crecimiento de Vaca Muerta no solo depende del aumento de la producción de petróleo y gas, sino también de la construcción de obras que permitan transportar esos recursos hacia los centros de consumo y los mercados de exportación. Un informe de la consultora Economía y Energía (E&E) advirtió que las diferencias en las reglas que regulan las inversiones en electricidad y gas natural podrían convertirse en un obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos.

El estudio, elaborado por la consultora que encabeza Nicolás Arceo, señala que Vaca Muerta necesita una expansión constante de la infraestructura energética para sostener su crecimiento. Sin embargo, sostiene que los mecanismos definidos para financiar las obras presentan diferencias importantes entre ambos sectores, lo que genera distintos niveles de riesgo para quienes deciden invertir.

En los últimos años, el Gobierno nacional impulsó un cambio en el modelo de desarrollo de la infraestructura energética, con una participación mucho más activa del sector privado. El objetivo fue trasladar a las empresas el financiamiento de las nuevas obras, reduciendo el peso del Estado en este tipo de inversiones.

De acuerdo con el informe, el sistema aplicado al transporte de energía eléctrica ofrece mayores garantías para recuperar el dinero invertido. Bajo este esquema, las empresas concesionarias financian las obras y luego recuperan esos fondos mediante una tarifa específica que pagan los usuarios beneficiados. Además, CAMMESA identifica a esos usuarios y el sistema otorga prioridad de pago a este tipo de proyectos.

Entre las iniciativas consideradas prioritarias aparecen nuevas líneas de transmisión eléctrica destinadas a reducir las restricciones que existen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Patagonia y la región Centro. Aunque estas obras ya fueron identificadas como estratégicas, todavía resta avanzar con los procesos de licitación para su ejecución.

El panorama cambia cuando se analiza el transporte de gas natural. Según Economía y Energía, el régimen vigente no contempla un mecanismo que garantice el recupero de las inversiones. En consecuencia, la rentabilidad de los proyectos depende de que los costos puedan trasladarse a las tarifas o de los ingresos que obtengan las empresas que financian las obras.

Uno de los ejemplos más representativos es el Gasoducto Perito Moreno. Esta infraestructura permitió incorporar 21 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina, reduciendo las limitaciones para abastecer al centro del país y al AMBA.

El informe destaca que, entre su entrada en funcionamiento en 2023 y abril de 2026, el gasoducto generó un ahorro acumulado de 2.327 millones de dólares. Ese resultado fue posible gracias a la menor necesidad de importar gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos para cubrir la demanda energética.

Además, el trabajo resalta que la ampliación del ducto, impulsada por TGS mediante una iniciativa privada, permitirá sumar otros 14 millones de metros cúbicos diarios provenientes de Vaca Muerta a partir del próximo año. Esa mayor capacidad ayudará a reducir el consumo de combustibles líquidos para generar electricidad y disminuirá las importaciones de GNL durante los meses de mayor demanda.

Sin embargo, la consultora advierte que las diferencias regulatorias generan incentivos muy distintos para los inversores. Mientras las obras eléctricas cuentan con mecanismos que aseguran el recupero de los fondos una vez finalizadas, en el transporte de gas el riesgo económico recae principalmente sobre las centrales térmicas que aportan el financiamiento.