25Abr
San Miguel de Tucumán, 25 de abril de 2026 — La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) presentó ante el Concejo Deliberante un estudio de costos actualizado al 9 de abril que desnuda la magnitud de la crisis: según sus números, el boleto urbano debería costar $2.397,73 (con los subsidios actuales e IVA incluido). Sin esas compensaciones, el valor real treparía a $4.336,28.
El mensaje es claro y ya conocido: las empresas operan por debajo de sus costos reales. Los sueldos representan el 35,10% de los gastos fijos, el combustible el 15,25% de los variables, y la inflación pulveriza el valor de las unidades (un colectivo motor delantero ronda los $281,7 millones). La conclusión de los empresarios es lapidaria: “La situación no da para más”. Afirman que llevan años descapitalizándose para mantener el servicio y que, sin un ajuste tarifario o mayores subsidios, el colapso es inminente.
La Provincia aporta $4.900 millones mensuales en compensaciones (de los cuales solo el 33,41% va a las líneas municipales), mientras la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, bajo la intendenta Rossana Chahla, suma alrededor de $1.000 millones adicionales con fondos propios. Hace pocos días se anunció un nuevo anticipo de $900 millones que deberá devolverse en cuatro cuotas. Es decir, más plata pública para sostener un sistema que, según todos los involucrados, sigue en terapia intensiva.
Y aquí aparece el eterno problema tucumano: este no es un capítulo nuevo, es el mismo capítulo repetido con distintos números y las mismas caras.
Cada pocos meses asistimos al mismo ritual: empresarios alertan sobre el abismo, gobiernos provincial y municipal inyectan millones de pesos de los contribuyentes, se prometen “soluciones estructurales” y, al final, la discusión termina otra vez en el bolsillo del usuario. Mientras tanto, miles de tucumanos siguen viajando en unidades envejecidas, con frecuencias irregulares y un servicio que dista mucho de ser eficiente.
El estudio de AETAT coincide, según los propios empresarios, con los cálculos del Departamento Ejecutivo Municipal. Eso deja la pelota en la cancha del Concejo Deliberante y de la Intendenta Chahla: ¿aumentar el boleto, aumentar los subsidios, o una combinación de ambos? Lo que nadie parece querer discutir en profundidad es por qué, después de tantos años y tantos miles de millones inyectados, el sistema sigue siendo estructuralmente deficitario.
¿Dónde está la auditoría seria y permanente sobre el uso de los subsidios? ¿Dónde está la reestructuración real de recorridos, la renovación obligatoria de flota con plazos concretos, la mejora efectiva en la trazabilidad y el control del servicio? ¿Por qué el usuario debe seguir siendo el variable de ajuste permanente?
El transporte público en Tucumán no sufre una crisis coyuntural. Sufre una crisis crónica sostenida a fuerza de parches y anuncios que rara vez se cumplen. Los empresarios tienen razón en señalar que los costos reales no cierran. Los gobiernos tienen razón en decir que ya no reciben subsidios nacionales y que el esfuerzo recae sobre las arcas locales. Pero ambos parecen coincidir en ignorar al principal damnificado: el ciudadano que paga impuestos, que paga el boleto (sea el que sea) y que sigue viajando mal.
Mientras no se exijan cuentas claras, resultados medibles y una reforma profunda del sistema, seguiremos condenados a este loop infinito: amenaza de colapso, subsidios de emergencia, discusión sobre aumento de boleto y vuelta a empezar.
El boleto a casi $2.400 puede ser la cuenta que arrojan los números hoy. Pero la verdadera cuenta pendiente es mucho más cara: la falta de una política de transporte pública seria, transparente y orientada al usuario, no solo a la supervivencia de las empresas.Tucumán merece algo mejor que seguir pateando la pelota hacia adelante.

