Tierra del Fuego: la Justicia rechazó recurso por control de jaurías asilvestradas

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas desestimó, en fallo unánime, un recurso que buscaba habilitar la eutanasia como método de control frente a la proliferación de jaurías de perros asilvestrados en zonas rurales de Tierra del Fuego.

El tribunal provincial concluyó que las instituciones recurridas (municipalidades, Seremi de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero y SBAP) carecen de facultades legales para aplicar medidas de sacrificio animal, en línea con la Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas. La resolución subrayó que el problema requiere una política pública coordinada y, eventualmente, reformas legislativas en Tierra del Fuego, dado que las normas vigentes prohíben expresamente el sacrificio como sistema de control poblacional.

El fallo también destacó que, aunque la situación afecta la actividad ganadera y la fauna nativa, las competencias actuales de los organismos estatales se limitan a zoonosis, fauna silvestre protegida y especies invasoras, sin contemplar a las jaurías de perros asilvestrados.

El tribunal recordó que el artículo 7 de la Ley 21.020 impide a municipios y servicios públicos dictar ordenanzas que permitan métodos letales para controlar animales dentro y fuera del territorio fueguino. En el caso del SAG, la eliminación de un artículo del reglamento de caza en 2013 quitó a los perros bravíos de la categoría de especies dañinas, lo que restringe aún más las posibilidades de intervención.

Respecto al SBAP, la Corte señaló que su rol depende de la dictación de un reglamento aún en elaboración, lo que impide aplicar planes de erradicación de especies invasoras en este contexto. En paralelo, la Seremi de Salud solo puede actuar frente a riesgos de salud pública vinculados a mordeduras o zoonosis, pero no sobre la fauna asilvestrada que golpea a Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego registró 593 interrupciones legales del embarazo en 2025

La médica e investigadora Mariana Romero confirmó que en Tierra del Fuego se realizaron 593 interrupciones legales y voluntarias del embarazo durante 2025, según datos del Ministerio de Salud provincial. A nivel nacional, señaló que desde la sanción de la ley se registran entre 90.000 y 100.000 abortos por año en el sector público.

Romero también analizó la caída de la natalidad en Argentina, fenómeno que se observa desde hace una década y que se replica en otros países de la región. La especialista rechazó que las políticas de salud sexual y reproductiva busquen reducir la población, y destacó que las jornadas de capacitación en Ushuaia y Río Grande apuntan a fortalecer el acceso a derechos y la formación profesional en esta materia.