PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL PORTERO ACUSADO DE ABUSAR DE NENES EN UN JARDÍN DE INFANTES

La Justicia de Rosario ordenó la prisión preventiva por 90 días para el portero del Jardín de Infantes N° 261 “Paulo Freire” de la ciudad de Rosario, acusado de abusar de varios nenes que asisten a la institución. El hombre de 55 años fue imputado este miércoles por tres hechos distintos, mientras la fiscalía continúa investigando más de una decena de denuncias presentadas en los últimos días.

La medida fue dispuesta por el juez Rafael Coria a pedido de la fiscal Antonela Valente, quien está a cargo de la investigación. Según explicó la funcionaria judicial, los tres casos imputados corresponden a tres menores diferentes y forman parte de una causa que sigue sumando denuncias.

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“Hay más de 11 denuncias”, precisó Valente, quien aclaró que por el escaso tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación sólo pudieron avanzar con la imputación de los primeros hechos que reunían los elementos necesarios para ser formalizados.

La causa salió a la luz la semana pasada, cuando una madre denunció que su hijo había sido víctima de abusos dentro del jardín ubicado en el barrio Empalme Graneros. Según relató entonces, el nene le contó que el portero lo había amenazado con un palo para que no revelara lo ocurrido. A partir de esa situación, comenzaron a aparecer otros testimonios de familias de alumnos que vivieron lo mismo.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la intervención de la institución y resolvió reemplazar a todo el personal del establecimiento, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.

El acusado se desempeñaba formalmente como portero de la institución y que durante la audiencia negó las acusaciones en su contra. El imputado fue asistido por la defensa pública y, según la fiscal, no registra antecedentes penales. Por el momento, la fiscalía no difundió las calificaciones legales específicas de los hechos imputados, aunque confirmó que corresponden al capítulo de delitos contra la integridad sexual. Las penas previstas para las acusaciones que se investigan contemplan condenas de entre tres y diez años de prisión efectiva.