Nueva Ley de Glaciares: los puntos de la polémica que enfrentan al Gobierno con la oposición y ambientalistas
La Cámara de Diputados iniciará esta semana las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con la sanción del Senado y que el Gobierno nacional busca convertir en ley durante la primera quincena de abril. El cronograma dispuesto por los legisladores de La Libertad Avanza contempla dos jornadas de exposición con horario extendido, bajo un mecanismo que permitirá a los más de 100 mil inscriptos participar de manera virtual mediante ponencias grabadas y documentos escritos.
Esta metodología fue ratificada por la justicia federal luego de que el juez Enrique Alonso Regueira rechazara una medida cautelar interpuesta por diversas organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quienes exigían garantizar la presencialidad y oralidad de todos los interesados.
Según una nota de TN, el núcleo de la reforma impulsada por el Ejecutivo apunta a modificar la protección absoluta que rige desde 2010 sobre el ambiente periglacial, otorgando a las provincias una mayor autonomía para definir qué áreas proteger en función de su aporte hídrico real a través de esta normativa de preservación de hielos.
De aprobarse el texto tal como fue remitido por la Cámara Alta, se habilitarían actividades industriales, mineras y petroleras en zonas que actualmente están restringidas por la Ley de Glaciares. Al respecto, el diputado Nicolás Mayoraz defendió la legalidad del proceso de consulta y sostuvo que los plazos establecidos son razonables y cumplen con los estándares internacionales de participación ciudadana, desestimando las críticas de los sectores que intentaron suspender las audiencias sobre el nuevo marco regulatorio de reservas hídricas.
Para asegurar la sanción de la norma, el bloque oficialista trabaja en la construcción de una mayoría que sume a legisladores del PRO, de la UCR y representantes de provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca, cuyos gobernadores han manifestado su apoyo a la flexibilización normativa de la Ley de Glaciares para incentivar inversiones.
No obstante, el proyecto encuentra resistencia en diputados como la radical jujeña María Inés Zigarán y en sectores de la oposición que advierten sobre los riesgos ambientales. Si el plenario de comisiones logra emitir dictamen tras las consultas públicas, el oficialismo intentará llevar el debate al recinto el próximo 15 de abril. El resultado final de este 2026 dependerá de si se mantiene la redacción original del Senado o si se introducen cambios que obliguen a una segunda revisión en la cámara de origen.


