El procesamiento de Diego Orlando Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), no sólo formaliza una de las causas de corrupción más sensibles del inicio del gobierno libertario: también expone, con crudeza documental, el funcionamiento interno de un esquema que combinó negocios privados, funcionarios infieles y un área del Estado destinada a los sectores más vulnerables. El expediente judicial es contundente en su diagnóstico: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS habría operado como “el centro de operaciones” de una organización dedicada al cobro de coimas, al direccionamiento de compras y al pago sistemático de sobreprecios en medicamentos de alto costo.
La causa se activó a partir de un hecho político y mediático clave: la difusión de audios revelados por el periodista Mauro Federico, junto a Ivy Cángaro, en los que el propio Spagnuolo describía un presunto sistema de retornos dentro del área de Discapacidad que, en su relato, salpicaba a la cúpula del poder libertario. En esas grabaciones se mencionaba de manera explícita a Karina Milei y a dirigentes del entorno presidencial como beneficiarios finales de las maniobras.
A partir de esa revelación, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia que fue tomada por el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien ordenó las primeras medidas de prueba: allanamientos, secuestro de celulares, peritajes forenses y cruces de información patrimonial. El procesamiento firmado por Casanello deja en claro que el objeto de la causa es la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”, encuadrable en delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo adopta una definición central del fiscal Franco Picardi: durante el período investigado, la ANDIS habría funcionado como “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, gestionada por funcionarios públicos en coordinación con empresarios del sector salud, “en perjuicio de la administración pública y, en particular, del sector poblacional con discapacidad, especialmente vulnerable”. No se trata de un énfasis retórico: Casanello subraya que el daño no es sólo económico, sino social y estructural.
El procesamiento describe un esquema sofisticado pero brutal en su lógica. Según el juez, se implementó “un sistema de compulsas de precios ‘especial’ al que sólo eran invitadas a participar un grupo reducido de firmas”, lo que permitió “elevar sustancialmente los precios” y asegurar adjudicaciones previamente acordadas. La maniobra incluía simulación de competencia, cartelización de droguerías y pagos direccionados a través del sistema SIIPFIS, la plataforma interna de la ANDIS. El perjuicio estimado por las compras bajo sospecha supera los 30 mil millones de pesos.
En el centro de la trama aparece Spagnuolo, señalado como la máxima autoridad política y administrativa del organismo. Casanello recuerda que, por decreto, tenía a su cargo la “gestión económica, financiera, patrimonial y contable” de la ANDIS, además de su conducción general. Bajo su dirección —sostiene la resolución— “el grupo de empresarios vinculados a las droguerías operó directamente y participó de la dirección de la voluntad de la administración”, a cambio de “contraprestaciones indebidas”.
Uno de los pasajes más comprometedores del procesamiento reconstruye con precisión quirúrgica la mecánica del cobro de dinero en efectivo. El 11 de junio de 2025, afirma el juez, Spagnuolo “necesitaba con urgencia la suma de cinco millones de pesos, en efectivo”. El pedido fue canalizado primero a través de intermediarios y luego directamente por Miguel Ángel Calvete (su hija, Ornella, está implicada también). Los mensajes extraídos de los celulares son explícitos: “necesito efectivo”, se lee en uno de ellos. En otro intercambio, se aclara que el pedido no era excepcional: “siempre fue así”.
Para Casanello, ese punto es decisivo. “La discusión no giraba en torno al pedido del funcionario en sí, sino a la forma en que se materializaría la entrega del dinero”, escribe el juez, descartando la hipótesis de un episodio aislado. La operatoria incluía facturación simulada, remitos que debían “guardarse como oro” y pedidos explícitos de discreción: “Shhhhh”, “con nadie”, según los chats incorporados al expediente.
El rol de Calvete queda también nítidamente delineado. El procesamiento sostiene que “Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, junto a otros integrantes de la organización, pudieron intervenir en las decisiones del organismo, influenciando indebidamente y haciendo valer sus vínculos estrechos con las droguerías beneficiarias y laboratorios”. La relación entre Calvete y Spagnuolo era, además, personal y frecuente: los registros del barrio cerrado donde vivía el ex funcionario en Pilar documentan al menos cinco visitas contemporáneas a los hechos investigados.
Desde el punto de vista jurídico, Casanello no deja margen para ambigüedades. Cita doctrina clásica para recordar que en el delito de cohecho “debe existir connivencia entre quien corrompe y quien se deja corromper”, y define la corrupción como “la venta de un acto de autoridad que debía ser gratuitamente cumplido”. Bajo ese criterio, tanto el funcionario como el particular son autores plenos de su propio delito.
El trasfondo político del caso multiplica su impacto. Spagnuolo no era un técnico marginal: fue un hombre de extrema confianza de Javier Milei, con acceso directo a Olivos y una relación personal que lo ubicaba entre los visitantes más frecuentes del Presidente. Esa cercanía es la que vuelve explosivos los audios difundidos por Mauro Federico, donde se menciona a Karina Milei como parte del entramado. Sin embargo, el expediente judicial, al menos en esta etapa, no acredita que el dinero haya llegado a la Casa Rosada: la investigación apunta a que los fondos “quedaban en Calvete y su entorno”, sin perjuicio de que otras responsabilidades sigan bajo análisis.
La paradoja es brutal. La causa que comenzó como una denuncia privada y mediática contra el poder terminó volviéndose contra su principal narrador. Hoy, Spagnuolo está procesado, recluido, con su celular secuestrado y mensajes borrados ya recuperados por los peritos. El hombre que hablaba de coimas ajenas quedó atrapado en una red de la que, según la Justicia, formó parte activa.
La tapa de NOTICIAS, titulada “Spagnuolo confidencial” y escrita por Juan Luis González, funciona como telón de fondo político de esta historia: el funcionario que hablaba en voz baja terminó convertido en el eje de una investigación que mantiene al Gobierno a la defensiva y a la Casa Rosada bajo sospecha indirecta.
Los secretos de Spagnuolo ya no son audios filtrados ni especulaciones de pasillo. Están escritos, con firma y sello, en un expediente judicial que describe una trama de corrupción en un área destinada a personas con discapacidad. Y en ese punto, más allá de internas libertarias, operaciones cruzadas y responsabilidades políticas, hay una verdad incómoda: cuando la corrupción se instala en las políticas sociales, el daño no es abstracto. Tiene nombre, destinatarios y consecuencias concretas. Y esta causa, lejos de cerrarse, recién empieza a mostrar todo lo que todavía falta contar.
