Las PYME exigen al Senado borrar cinco artículos de la reforma laboral por impacto jurídico y operativo
En un giro inesperado dentro del debate legislativo, las principales cámaras que agrupan a cada pyme elevaron un reclamo formal ante el Senado para solicitar la eliminación de cinco artículos específicos del proyecto de reforma laboral. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) mantuvieron un encuentro clave con los equipos técnicos de la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, donde advirtieron que los puntos que van del artículo 126 al 132 representan una amenaza al impacto jurídico y la estabilidad de las firmas menores.
Según una nota de TN, para las entidades, estas disposiciones introducen una incertidumbre que podría derivar en un aumento de la litigiosidad, afectando el normal desenvolvimiento operativo de quienes generan el 80% del empleo en el país.
El eje central del conflicto radica en el artículo 126, el cual propone el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. Las PYME sostienen que obligar a una renegociación permanente de los acuerdos una vez vencidos generaría vacíos normativos impracticables para estructuras que no cuentan con grandes estudios de abogados. En este sentido, el reclamo de las pequeñas y medianas empresas coincide con las advertencias de la CGT, señalando que la falta de reglas claras dentro de esta reforma laboral fomenta un clima de inseguridad para empleadores y trabajadores por igual.
Asimismo, las cámaras cuestionaron los artículos 130 y 131 de esta reestructuración normativa, que priorizan los convenios por empresa sobre los sectoriales, denunciando que esto fragmentaría el marco regulatorio y permitiría a las grandes compañías imponer condiciones que generen competencia desleal.
Por otro lado, el sector empresarial manifestó su rechazo al artículo 128, calificando de discriminatoria la eliminación de aportes obligatorios para asociaciones patronales mientras se mantienen los sindicales, lo que debilitaría la representación del sector y su capacidad de capacitación.
Según el portal informativo, la crítica se extendió al artículo 132, que otorga al Estado la facultad discrecional de suspender convenios por «distorsiones económicas graves», un elemento que las PYME consideran un factor de imprevisibilidad para cualquier planificación a largo plazo dentro del nuevo ordenamiento legal del trabajo.
Ante este escenario, mientras la central obrera no descarta medidas de fuerza, el oficialismo evalúa estas objeciones a la reforma laboral en la comisión técnica del Senado, con la mirada puesta en el inicio de las sesiones extraordinarias el próximo 11 de febrero, buscando evitar que los pasos operativos de la ley perjudiquen la competitividad nacional.

