La reforma laboral genera tensiones entre los gobernadores y fuerza negociaciones en el Congreso
En el inicio de su tercer año de gestión, el gobierno de Javier Milei ha ingresado en una fase de negociación estratégica para intentar destrabar la reforma laboral en el Congreso, logrando un acercamiento con los gobernadores para dejar atrás la etapa de confrontación directa.
Según un análisis presentado por TN, la administración central busca convertir el debate de febrero en un termómetro de su relación con los mandatarios provinciales, quienes condicionan su apoyo parlamentario a la resolución de deudas previsionales, el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la reactivación selectiva de la obra pública. Esta nueva dinámica de negociación, coordinada por el ministro del Interior, Diego Santilli, surge ante la necesidad de consolidar mayorías legislativas para aprobar la modernización de las leyes de trabajo, transformando cada voto en un activo de intercambio por recursos federales.
El principal foco de conflicto con los mandatarios radica en el capítulo tributario del proyecto, específicamente en los artículos que reducen las alícuotas de Ganancias y del impuesto a las sociedades, ambos tributos coparticipables. Mandatarios aliados como Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, junto a figuras más ambiguas como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, advierten sobre el fuerte impacto fiscal que esta merma de recaudación tendrá en sus arcas, exigiendo que el Poder Ejecutivo absorba el costo financiero de la reforma laboral durante 2026.
Por su parte, el bloque de Provincias Unidas mantiene una postura de imparcialidad estratégica, apoyando esta actualización del marco normativo del empleo para pymes pero rechazando cualquier intento de aceleración legislativa que no incluya un debate punto por punto.
Mientras la Casa Rosada utiliza los ATN como herramienta de cohesión, distribuyendo montos significativos a provincias como Tucumán, Misiones y Chaco, un bloque de seis gobernadores opositores, encabezado por Axel Kicillof y Sergio Ziliotto, rechaza de plano la iniciativa por considerar que profundiza el desfinanciamiento federal.
Este sector cuestiona que la reforma laboral se utilice como un instrumento de ajuste, en un contexto donde las transferencias reales a las provincias cayeron un 29% el año pasado. De esta manera, el éxito del tratamiento de la reforma dependerá de la capacidad de la autoridad central para saldar las deudas de ANSES con las cajas previsionales locales y ofrecer previsibilidad económica a los distritos que todavía mantienen una relación de desconfianza con el plan libertario.
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