La licitación de la Hidrovía suma tensión: nueva denuncia penal apunta al Gobierno y al sector privado
Los tribunales federales de Comodoro Py recibieron una presentación judicial orientada a examinar las condiciones del concurso público de la hidrovía Paraná-Paraguay, un expediente que se acopla a las investigaciones preliminares de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La Fundación por la Paz y el Cambio Climático, bajo la representación de Fernando Miguez y la asesoría de la abogada Marcela Scotti, formalizó una acusación por presunta defraudación sistemática y asociación ilícita, descartando que el actual esquema responda a una renuncia de facultades regulatorias ordinarias, sino a un supuesto beneficio económico dirigido.
Según Ámbito, la denuncia señala la presunta responsabilidad de altos funcionarios del gobierno como Santiago Caputo y el ministro Luis Caputo en la planificación estratégica, sumando a los administradores Gastón Benvenuto e Iñaki Arreseygor en la ejecución de las cláusulas técnicas que restringen la competencia.El núcleo del cuestionamiento jurídico radica en la confección de los pliegos de bases y condiciones para la explotación de la hidrovía.
El medio de comunicación destacó que, según el escrito técnico ratificado por los denunciantes, las exigencias de un calado inmediato de 44 pies operan como una condición de exclusión que limita el universo de oferentes a una única corporación con capacidad logística instalada en la corriente navegable del río Paraná, individualizando a la firma Jan De Nul mediante su filial Compañía Sud Americana de Dragados.
En su argumentación ante la Justicia, las fuentes denunciantes cuantificaron el perjuicio estimado para las arcas públicas en u$s7.000 millones, derivado del retorno al sistema de recaudación directa de peajes por parte del concesionario privado, un volumen anual proyectado en u$s500 millones que previamente administraba la Administración General de Puertos (AGP).
La presentación judicial detalla supuestos encuentros informales en el barrio de Puerto Madero entre asesores gubernamentales y técnicos empresarios, complementados con presuntos relevos de personal especializado en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que objetaban las estructuras de costos.Frente a este panorama, la organización civil solicitó una serie de pericias navales y el secuestro de la documentación administrativa preliminar de la vía navegable troncal. Asimismo, se requirió una medida cautelar de no innovar para suspender formalmente la licitación del canal de exportación fluvial hasta consolidar una auditoría integral que asegure la transparencia del proceso en la hidrovía.
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