La Justicia ordena la detención de Claudio Uberti tras dejar firme su condena por la valija de Antonini Wilson
La Justicia ordenó la detención inmediata del exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti, para que cumpla su sentencia por el escándalo de la valija que transportaba el venezolano Antonini Wilson. La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos de la defensa por defectos formales, agotando así la última instancia legal.
Tras este fallo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 dispuso la «inmediata captura» del ex director del OCCOVI, quien por estas horas es buscado por la Policía Federal para ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
El antiguo titular de concesiones viales deberá cumplir la pena como coautor de tentativa de contrabando de importación de dádivas, agravado por su condición de funcionario público, tras quedar probado su rol en el ingreso ilegal de 790.550 dólares en agosto de 2007. Este hecho constituye uno de los mayores hitos de corrupción, al tratarse de fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial. El caso se remonta a la madrugada en que Claudio Uberti arribó al Aeropar que Jorge Newbery en un vuelo privado de Enarsa junto al empresario venezolano, cuya maleta fue detectada por la agente María Luján Telpuk pese a que los implicados intentaron ocultar el maletín alegando que contenía «libros y unos papelitos».
La investigación determinó que, tras el hallazgo del dinero, el exfuncionario se dirigió directamente a la Quinta de Olivos para informar lo sucedido a Néstor Kirchner, evidenciando la relevancia política del cargamento. Actualmente, Claudio Uberti se desempeña como «arrepentido» en la causa de los cuadernos de las coimas, donde confesó haber recaudado bolsos con dinero para el matrimonio presidencial. En sus declaraciones, aseguró que Cristina Kirchner «sabía todo lo que se hacía» y describió maniobras especulativas entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez que habrían reportado beneficios por 50 millones de dólares.
Con esta orden de detención, la justicia busca cerrar un capítulo de impunidad sobre un vuelo que marcó la historia política regional. La transparencia institucional vuelve al centro del debate tras la búsqueda de este actor clave, quien ahora deberá enfrentar su responsabilidad penal bajo custodia federal, vinculando definitivamente la gestión pública con el financiamiento ilegal de la política.
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