La Justicia Federal frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI dispuesto por el Gobierno
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo del magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, resolvió suspender parcialmente la aplicación de la Resolución N° 42/2026, la cual había sido dictada por el Gobierno nacional un mes atrás para discontinuar más de 600 prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La determinación de la justicia respondió de manera favorable a una medida cautelar impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Con este fallo, las autoridades del organismo científico y tecnológico deben abstenerse de concretar innovaciones operativas, lo que restringe la eliminación, el traslado o la alteración planificada de tareas, además de vedar el desplazamiento de activos fijos, insumos y aparatos técnicos destinados a una eventual relocalización o transferencia.
La resolución legal determina que los agentes de la entidad tienen que conservar sus puestos de tareas específicas, obligando a la administración nacional a asegurar la ocupación efectiva de todo el personal involucrado bajo las mismas categorías, sueldos y condiciones laborales vigentes a mediados de abril pasado. De este modo, se dispuso que los programas de soporte técnico, certificaciones de calidad, ensayos de laboratorio y transmisión de conocimientos tecnológicos sigan desarrollándose dentro de la estructura estatal.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, convalidó públicamente el dictamen a través de canales digitales, manifestando que el pronunciamiento judicial neutraliza las desvinculaciones colectivas y frena el desmantelamiento institucional de este ente tecnológico, ponderándolo como un logro para el sector de los empleados públicos frente a normativas que considera contrarias a la legislación nacional. Cada delegación del INTI mantendrá sus funciones habituales.
La normativa estatal frenada, reglamentada el 16 de abril de este año por el Consejo Directivo de la institución con la firma de sus conductores Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, buscaba la supresión inmediata de aquellos servicios que, bajo criterios de racionalización fiscal y eficiencia presupuestaria, el Gobierno consideraba superpuestos con la oferta privada o carentes de demanda real.
El plan oficial preveía respetar los contratos previos mediante una transición coordinada por la Dirección Operativa, reubicando las capacidades institucionales de este instituto científico hacia sectores calificados como indispensables para el desarrollo productivo. Aunque las gerencias técnicas y de Asuntos Legales avalaron inicialmente la reestructuración bajo premisas de austeridad y simplificación regulatoria, la acción judicial dejó en suspenso los lineamientos estatales que afectaban al INTI.
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