La “guerra gaucha” del siglo XXI: los conflictos más resonantes entre las provincias argentinas

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) — Si bien el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel ha cobrado un protagonismo muy fuerte en los últimos meses, no es la única reyerta interprovincial que está abierta o que necesita una solución de fondo. Noticias Argentinas identificó más de una decena de esos duelos interjurisdiccionales que permanecen sin saldarse.

Algunos de ellos están en la Corte Suprema de Justicia (que es el órgano competente para dirimir las demandas entre distritos) y otros se encuentran a la espera de una definición del Congreso de la Nación que es el órgano que tiene la potestad exclusiva de fijar por ley cuáles son los límites, algo que solo se ha hecho –en períodos democráticos- en el 16% de las fronteras internas.

Mucho del resto quedó demarcado, a través de decretos ley, de ilegítimas dictaduras militares. Algo que agravó la situación hasta el presente.

En contados casos se llegaron a acuerdos interprovinciales en forma reciente. Otros conflictos siguen generando disputas y reclamos. Aquí, un recorrido por algunos de esos enfrentamientos que pusieron a las provincias “en pie de guerra”.    

Entre Ríos vs. Santa Fe

Hay un conflicto que enfrenta a Entre Ríos con Santa Fe y que se centra en las islas que se han formado en el río Paraná por la propia sedimentación de su cauce.

Esas formaciones (ubicadas sobre todo frente a Rosario y Victoria) generaron disputas por su soberanía que siguen sin resolverse.

En 1979, durante la dictadura militar, se dictó la Ley Nacional 22.067 que estableció que el límite entre ambas provincias pasaría por la línea media del canal principal del río Paraná, basándose en un relevamiento de 1968.

Sin embargo, ese río tiene variaciones lógicas y las mutaciones de su cauce (ya sea por obras de canalización, la propia sedimentación y/o la modificación artificial del afluente fluvial) que hicieron que el canal principal se desplazara y cambiara, y que las islas pasaran de un lado a otro de la frontera.

Así hay sectores que quedaron situados en la margen que administra formalmente Entre Ríos (con cobro de impuestos y presencia policial inclusive) pero que Santa Fe reclama como propios, basándose en la traza histórica original.

Suele pasar que hay roces también en materia de pesca y, obviamente, en la propiedad de esas islas (como El Espinillo o el Banquito de San Andrés).

El Ejecutivo de la provincia mesopotámica le respondió a Noticias Argentinas que “el Gobierno de Entre Ríos tiene una posición muy clara: va a defender siempre su territorio y los intereses de los entrerrianos.

Existen situaciones puntuales en el río Paraná que requieren precisiones, producto de los cambios naturales del río, la modificación de los canales de navegación y la formación de nuevas islas e islotes.

Frente a esas situaciones, la Provincia sostiene que cualquier diferencia debe resolverse sobre la base de las normas vigentes, la información técnica y el diálogo institucional entre las provincias”.

Desde la administración mesopotámica, aclararon: “La relación entre los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe es muy buena y existe un vínculo institucional de excelencia entre Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro. Ambas provincias vienen trabajando de manera coordinada en numerosos temas y comparten ámbitos de integración como la Región Centro y la Región Litoral”.

Y concluyeron: “Ese vínculo de cooperación y diálogo permite abordar también las diferencias que puedan existir, sin que ello implique que Entre Ríos vaya a resignar ningún derecho que le corresponda. La defensa de las islas y los humedales entrerrianos es también la defensa del patrimonio territorial y ambiental de la provincia y de la jurisdicción que le corresponde ejercer”.

Río Negro vs. Chubut

Río Negro y Chubut también arrastraban dos conflictos que fueron solucionados hace poco tiempo: uno económico y otro limítrofe.

El económico surgió hace más de 25 años cuando –en 1991- se firmó el proyecto para construir el Gasoducto Cordillerano entre Río Negro, Chubut y Gas del Estado. Pero durante años los chubutenses le reclamaron a los rionegrinos que no cumplían con sus compromisos financieros y de obras.

Eso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una demanda por una deuda acumulada superior a los $27.000 millones.

Finalmente, en julio de 2026, los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres firmaron un acuerdo  de “obras por deuda” por el que Río Negro reconoció el monto adeudado y se comprometió a realizar una inversión en infraestructura de más de $17.300 millones que se destinará a una obra eléctrica de interconexión para la Comarca Andina -entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”- que beneficiará a localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Las Golondrinas, que suelen sufrir cortes constantes de energía.

Finalmente, en julio de 2026, los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres firmaron un acuerdo de “obras por deuda” por el que Río Negro reconoció el monto adeudado y se comprometió a realizar una inversión en infraestructura de más de $17.300 millones que se destinará a una obra eléctrica de interconexión para la Comarca Andina -entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”- que beneficiará a localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Las Golondrinas, que suelen sufrir cortes constantes de energía.

Eso hizo que se colocaran los mojones físicos originales de tal manera que hubo unos 800 metros de error que llevaron a que un destacamento policial de Chubut quede del lado de Río Negro. Pero no sólo eso: también hubo plantaciones forestales y otras propiedades en la zona cordillerana de la Comarca Andina en la misma situación.

Eso hizo que se colocaran los mojones físicos originales de tal manera que hubo unos 800 metros de error que llevaron a que un destacamento policial de Chubut quede del lado de Río Negro. Pero no solo eso: también hubo plantaciones forestales y otras propiedades en la zona cordillerana de la Comarca Andina en la misma situación.

Salta vs. Catamarca

Uno de los conflictos limítrofes más antiguos que se mantuvo mucho tiempo es el que tiene como protagonistas a las provincias de Salta y Catamarca.

Y, más allá de la puja por el territorio en sí, en los últimos años tomó una dimensión mucho mayor por la creciente y millonaria explotación minera, en particular del litio y otros minerales muy cotizados, que tuvieron un boom impresionante en forma reciente.

El origen de ese conflicto data de 1943 cuando se disolvió la Gobernación de Los Andes, una provincia que desapareció: su superficie se distribuyó entre Salta, Catamarca y Jujuy, y la delimitación quedó fijada con una línea provisoria -que cobró forma en 1969 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía- que nunca fue formalmente ratificada de manera definitiva por el Congreso.

Y así fue que hubo sectores como el Salar del Diablillo y el Salar del Hombre Muerto (en la frontera del departamento salteño de Los Andes y el catamarqueño de Antofagasta de la Sierra) que quedaron en medio de la disputa entre esas provincias, una puja que se reavivó por el valor estratégico de sus importantes yacimientos de litio y minerales metalíferos.

En un momento, Salta y Catamarca empezaron a otorgar concesiones sobre el mismo territorio, lo que generó roces de tal magnitud que ambas provincias enviaron oficiales de sus respectivas policías que se desafiaban a 4.000 metros de altura.

Finalmente, en 2019, los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil pactaron la creación de una comisión con representantes de ambos distritos para encontrar una solución.

Y en 2023 se avanzó en un acuerdo por el que se repartían de manera equitativa entre ambas provincias las regalías e impuestos del proyecto Sal de Oro (de la empresa POSCO Argentina, filial de la multinacional surcoreana homónima).

Luego, en 2025, con el antecedente de aquella experiencia exitosa para las partes, se firmó otro acuerdo por el complejo Diablillos-Plata (por la explotación de oro, plata y cobre) que otorgaba una distribución de 50% y 50% a cada provincia de lo que recauden los Estados en materia de regalías e impuestos y la creación de una comisión con miembros de ambos distritos para supervisar todo.

Salta vs. Jujuy

La puja entre las dos provincias del extremo noroeste de la Argentina tiene sus raíces en la época colonial.

Los problemas limítrofes entre Salta y Jujuy surgen –aunque parezca increíble- en una Real Cédula Española del año 1797, que luego también quedó en medio de una discusión tras la disolución de la Gobernación de Los Andes.

La demarcación de aquellos anacrónicos precedentes dejó varias zonas en duda. Entre 1948 y 1953, el entonces Instituto Geográfico Militar intervino para definir las cuatro zonas con diferencias limítrofes: Santa Bárbara, Lavallén, Salinas Grandes y Valle Morado.

Encima, en 1957, una inundación modificó el cauce del río Las Piedras, límite interprovincial cerca de Urundel (Salta) y El Talar (Jujuy), lo que complicó aún más las cosas.

Pese a que el Congreso nacional debería fijar los límites en esa región, no lo ha hecho. Y eso potenció que la incertidumbre afecte a comunidades indígenas (particularmente en zonas como Salinas Grandes) y genere disputas locales por la propiedad de la tierra, incluyendo desalojos y problemas en las actividades productivas que allí se desarrollan.

En 2005 el que subió el tono de la discusión fue Gerardo Morales, entonces senador por Jujuy.

En ese sentido, remarcó: «No vamos a dejar de luchar por cada metro de tierra de Jujuy. De una vez por todas, debemos poner fin a un permanente estado de hecho, del que derivan constantes conflictos que afectan tanto el orden público de las provincias, como a intereses particulares de los propietarios y pobladores de la zona de litigio. Debemos poner fin a la actitud expansionista de Salta».

Fue a raíz de un conflicto en El Talar, cercano a Urundel (departamento salteño de Orán), con la comunidad indígena local.  

No es el único diferendo limítrofe entre ambas provincias: el más importante en extensión abarca 1.800 kilómetros cuadrados ubicados en los departamentos de San Pedro y Ledesma, también por la falta de demarcación por parte del Congreso Nacional.

Los gobiernos estudiaron la posibilidad de crear allí un corredor ecológico en común para salvar las diferencias.

Santiago del Estero vs. Catamarca

Santiago del Estero y Catamarca mantienen una disputa histórica por un área fronteriza de casi 2.000 kilómetros cuadrados.

En esa zona hay asentadas poblaciones rurales con habitantes que no tienen certeza de su pertenencia identitaria.

Ambas provincias discuten desde hace más de un siglo por dónde pasa la línea que divide sus territorios y, por ende, a quién pertenecen poblaciones como Las Palmitas (también conocida como Palmita), donde incluso hay una escuela que tiene todas las identificaciones correspondientes a Catamarca pero que, en rigor, estaría en territorio santiagueño.

Antes se usaban como referencia limítrofe las vías del ex Ferrocarril General Belgrano y el río Albigasta, pero lo que hace falta es una determinación del Congreso Nacional.

La confusión no pudo siquiera ser zanjada por Ley 22.742, de la última dictadura militar, que pretendió fijar los límites en favor de Santiago del Estero.

Sin embargo, su validez y legitimidad ha despertado peleas políticas y legales de todo tipo, algo que se agudizó por la falta de una ley del Parlamento.

De hecho, en 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró “incompetente” ante una demanda de Santiago del Estero y planteó que ese tipo de diferendos los deben resolver los legisladores.

Semejante indefinición lleva a la incertidumbre a los 160 habitantes de Las Palmitas (o Palmita), que no solo no saben a qué provincia pertenecen, sino que padecen dificultades concretas al quedar en un “agujero negro” cuando se deben encarar cuestiones de infraestructura, por ejemplo, en servicios o caminos.

Pese a aquella medida establecida en 1983 -en los últimos días de la dictadura- en favor de Santiago del Estero, en el año 1989 Catamarca aprobó una Constitución provincial que no reconoce esa Ley y todo quedó en un problemático limbo: así como la escuela con su simbología, el destacamento policial y hasta la posta sanitaria son catamarqueños, en el trazado que se puede observar en Google Maps, esa zona aparece del lado santiagueño, cerca de 15 kilómetros de la frontera.

Aunque siguen votando en las elecciones a las autoridades de Catamarca, como parte del municipio de Icaño, en el Departamento La Paz.  

San Juan vs. La Rioja

Otro foco de conflicto interprovincial se da entre San Juan y La Rioja, algo que se ha profundizado por la riqueza multimillonaria generada por la minería, en especial en el distrito Vicuña (en manos de San Juan), a 4.000 metros de altura, donde se establecieron los proyectos José María y Filo del Sol, con una inversión prevista en 18.000 millones de dólares -la más grande de compañías extranjeras en el país- por la explotación de cobre, oro y plata.

Sin embargo, la puja viene desde hace mucho tiempo. La actual frontera entre ambos distritos fue delimitada por el Decreto Ley N° 18.004 de la dictadura de Juan Carlos Onganía –luego ratificado con un acuerdo en el último gobierno de Juan Domingo Perón en los ‘70-, que fijó para San Juan grandes extensiones de zonas estratégicas cordilleranas y, particularmente, en el área de Ischigualasto.

Durante mucho tiempo hubo protestas desde La Rioja, pero fue el actual gobernador Ricardo Quintela el que hizo el reclamo más fuerte.

El mandatario exige la pertenencia riojana de unas 2.651 hectáreas cordilleranas, donde en estos momentos hay grandes proyectos mineros, en especial, de cobre.

Quintela incluso promulgó la Ley provincial N° 10.876 para desconocer dichos límites con el argumento de que surgieron de un gobierno de facto ilegítimo e intentó frenar el tránsito logístico y la explotación en la zona.

Por su parte, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, junto a la Fiscalía de Estado de esa provincia cuyana, rechaza de plano la demanda riojana.

Y, en su postura, plantea que esa delimitación fue ratificada por un acuerdo sellado en un gobierno democrático, citando lo ocurrido en el tercer mandato de Perón y un digesto del Congreso Nacional del año 2014.

Orrego considera que está demostrado que ese territorio es de San Juan, algo que alcanza una importancia especial por los millonarios anuncios de inversión en la alta cordillera.

En abril de 2026 Quintela volvió a la carga diciendo que el pecado original parte de aquel decreto de Onganía que le quitó siete zonas a La Rioja. Además, los camiones que operan en los proyectos mineros pasan por territorio y caminos riojanos para poder llegar a su destino y ahora están buscando rutas alternativas para evitarlo.

Mientras San Juan defiende la vigencia de la ley 18.004, una jueza riojana ordenó suspender las obras por falta de estudio de impacto ambiental en La Rioja.

Y así fue cómo la Policía de La Rioja llegó a cortar los caminos de acceso, algo que generó la respuesta de la Justicia de San Juan que aceptó una medida cautelar para que el proyecto siga adelante.

Hay una negociación en marcha entre ambas provincias, pero parece un tema difícil de resolver.  

Río Negro vs. Neuquén

Río Negro y Neuquén mantienen una disputa por un lugar paradisíaco, refugio del último bosque de arrayanes en el mundo: la Isla Victoria.

Enclavada en el lago Nahuel Huapi, esa superficie de 32 kilómetros cuadrados ha sido motivo de varias controversias y hasta de un desembarco simbólico por parte de autoridades para “plantar bandera” en ese lugar.

No es solo la Isla Victoria la que está en conflicto: hay otros casos de islotes -como la 130 A y B y la 131 A y B- que entraron en un laberinto de discusiones que se relacionan con el curso del río Limay, divisorio, en esa zona, de ambas provincias. Algunos de esos terrenos tensionados no existían y se formaron por la sedimentación.

La puja también se trasladó no solo a los distintos gobiernos que han detentado el poder a ambos lados de la frontera, sino también a las normativas y las justicias respectivas.

En el reclamo cruzado las dos provincias aseguran tener derechos soberanos sobre ella, de acuerdo a sus interpretaciones de límites geográficos.

Según Neuquén, la divisoria debería ir desde la naciente del río Limay hasta Puerto Blest, bajo el amparo de algunos antecedentes como el decreto ley nacional N° 18.501, de 1969, promulgado por el dictador Onganía.

En contraposición, Río Negro sostiene que el límite va hasta el brazo Machete y se apoya en normativas de su propia Constitución provincial de 1988.

Así, la Isla Victoria queda de uno u otro lado de la frontera provincial de acuerdo a cada interpretación. En ella, además de la residencia de los guardaparques, se levanta la escuela albergue 303 “Aurelio Pargade”, que depende de la provincia de Neuquén, y se creó en 1997 para dar una respuesta a los hijos de los que trabajaban en la isla. Aunque en la actualidad está cerrada por falta de niños.  

Si bien administrativamente la Isla Victoria depende de Parques Nacionales (está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi), la pelea interprovincial no cesa y ha tenido episodios de película como la instalación de puestos policiales de alguna de ellas y hasta una simbólica misión de “conquista” del gobernador neuquino Felipe Sapag, quien en 1984 realizó un simbólico viaje con una comitiva oficial hacia allí para remarcar la jurisdicción y presencia de la provincia sobre la isla.

El “patriarca” del Movimiento Popular Neuquino lo había prometido en campaña: “vamos a poner un pie en la Península de Quetrihué”, en la Isla Victoria, frente a Villa La Angostura.

Y allí fue en una barcaza, contra viento y marea, para plantar bandera –en realidad un cartel de madera que decía “Provincia de Neuquén”- y reclamar su soberanía.

Sapag estaba exultante por haber podido cumplir su promesa de campaña. Pero la felicidad duró poco: un par de días después el cartel apareció flotando en la inmensidad del lago Nahuel Huapi. Símbolo de una puja que continuaría hasta el presente sin solución a la vista.

Esa no es la única pelea entre Neuquén y Río Negro: hay otra que cobró una particular importancia por la visibilidad que alcanzó la joya de la región: Vaca Muerta.

Y es que existe una disputa limítrofe por las zonas de Octavio Pico y San Patricio del Chañar, muy cercanas a Añelo, que se originó por desacuerdos históricos en el trazado del Meridiano X (el 10° al oeste de Buenos Aires) y nuevamente la discusión por normas dictadas durante gobiernos dictatoriales, en este caso, el Decreto Ley 18.501 de 1969 (en épocas de Onganía).

Río Negro reclamó la invalidez de ese trazado hecho por un gobierno inconstitucional y exigió que la línea debería correrse 12 kilómetros hacia el oeste, lo que incluiría a Octavio Pico dentro de su territorio.

Ese corrimiento podría abarcar otras zonas productivas y petroleras como San Patricio del Chañar. Algo que Neuquén rechaza: incluso impulsó hace años la presencia institucional y educativa, y promovió la fundación formal de poblados en el área en litigio, para reafirmar su pertenencia. En el medio entra en juego la disputa por suculentas regalías del gas y el petróleo.

Estos son algunos de los ejemplos más resonantes de esta suerte de “guerra gaucha” en tiempos de paz. En un país federal e integrado que aún no ha resuelto sus límites internos a pesar del paso del tiempo.

Una Argentina que en pleno siglo XXI tiene cuestiones centenarias sin resolver. Esas que ponen a algunas provincias en “pie de guerra”.

Agencia NA