La Cámara Federal respaldó al Gobierno y devolvió plena vigencia a la polémica Ley de Glaciares
La administración central manifestó su conformidad este lunes ante la resolución emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la cual anuló la interrupción operativa de la Ley de Glaciares en el territorio de Santa Cruz. Este veredicto del tribunal de alzada convalidó la continuidad de la reforma de preservación ecológica promovida por el Poder Ejecutivo, lo que significó un claro beneficio para el Gobierno tras el adverso escenario previo.
Según Ámbito, de acuerdo con lo reportado de manera oficial por la Procuración del Tesoro de la Nación, la justicia atendió el recurso de apelación interpuesto por la representación estatal y dejó sin efecto la medida de excepción de primera instancia que había dispuesto el Juzgado Federal de Río Gallegos sobre la Ley N.º 27.804, la cual actúa en carácter de complementaria del marco normativo general para el resguardo de las masas de hielo y los entornos periglaciales.
Desde la perspectiva del organismo jurídico estatal, este dictamen judicial convalida una estructura federal de acuerdo y coordinación ecológica en la cual las autoridades nacionales fijan parámetros base de tutela medioambiental mientras los estados provinciales ejecutan y adicionan pautas en sus respectivas jurisdicciones.
La acción suspensiva revocada había sido promovida originariamente por funcionarios de la localidad de El Calafate y legisladores santacruceños que objetaban la validez constitucional de las modificaciones. No obstante, el tribunal consideró que el pronunciamiento inicial carecía de los cimientos indispensables para frenar una legislación de protección de hielos emanada del Poder Legislativo. Al evaluar los agravios del Estado, los magistrados determinaron que el juzgado inferior justificó los presupuestos de riesgo y apariencia de derecho basándose únicamente en supuestos hipotéticos aportados por los impulsores del reclamo, generando mandatos de alcances indeterminados.
Asimismo, los jueces desconocieron la aptitud de los demandantes para adjudicarse la representación de la totalidad de los habitantes provinciales, precisando de forma específica que ni el intendente municipal ni la conducción del cuerpo deliberativo local contaban con esa facultad legal. La Procuración del Tesoro de la Nación ratificó que sostendrá la protección legal de la Ley de Glaciares ante los cuestionamientos presentados, evocando que los magistrados no deben sustituir determinaciones regulatorias lógicas por apreciaciones subjetivas.
Para las autoridades, este esquema de protección de ecosistemas criogénicos y su respectiva normativa de preservación hídrica resultan pilares esenciales del plan federal y productivo vigente. Con este aval al desarrollo de la Ley de Glaciares, la gestión de gobierno asegura un escenario de estabilidad para la aplicación de sus directrices institucionales a largo plazo.


