Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “Tendrá que demostrar de dónde sacó los recursos”

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Consultado sobre el tema, Jaldo evitó emitir juicios anticipados, aunque remarcó que todos los ciudadanos deben responder ante la Justicia cuando existe una denuncia formal.

“No hay que prejuzgar. Sí me parece que todos somos iguales ante la ley. Y si hay una denuncia, la señora intendenta de Graneros se tendrá que presentar ante el juez o el fiscal que la convoque. Tendrá que responder todos los interrogantes”, expresó el mandatario.

El gobernador agregó que, en caso de que la investigación avance, la jefa municipal deberá acreditar la procedencia de los fondos cuestionados.

“Si la denuncia es que demuestre de dónde sacó los recursos para comprar, no hay dudas de que lo tendrá que demostrar”, sostuvo.

Jaldo también destacó la importancia de respetar las decisiones judiciales, independientemente del resultado que arrojen las investigaciones.

“Todos somos iguales ante la ley y, si la intendenta ha sido denunciada, tiene que presentarse ante la Justicia”, insistió.

Además, señaló que Graneros deberá ponerse a disposición del Poder Judicial provincial, aunque recordó que cualquier resolución puede ser revisada por instancias superiores, de acuerdo con las garantías que prevé el sistema judicial.

La denuncia

La presentación judicial fue realizada por el legislador provincial Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el dirigente político Luis Augier.

Según consta en la denuncia, la intendenta habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas, en Yerba Buena, por una suma superior al millón de dólares. Los denunciantes sostienen que la operación se habría realizado en efectivo y solicitaron diversas medidas de prueba para determinar el origen de los fondos utilizados.

Entre los elementos aportados figura documentación vinculada a las expensas de los terrenos y el pedido de informes a la administración del barrio privado.

Hasta el momento, Raquel Graneros no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre las afirmaciones efectuadas por el gobernador.

El caso generó una fuerte repercusión política en la provincia y continúa bajo análisis de la Justicia tucumana.