Inocencia Fiscal rige desde hoy: el Gobierno habilita el uso de “dólares del colchón” y simplifica controles
A través de la publicación del Decreto 93/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó este lunes la inocencia fiscal, un nuevo paradigma tributario que busca integrar al circuito formal los ahorros y dólares atesorados fuera del sistema, como los denominados «dólares del colchón». La normativa activa el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefine las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), limitando sus inspecciones únicamente a los ingresos y deducciones declarados.
Bajo esta nueva premisa, el organismo queda impedido de fiscalizar variaciones patrimoniales, consumos personales o movimientos bancarios del pasado, estableciendo un «tapón fiscal» que libera de responsabilidad administrativa y penal a quienes cumplan con sus obligaciones actuales en tiempo y forma.
Este esquema voluntario de amnistía tributaria permanente está diseñado para personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y activos que no superen los $10.000 millones, excluyendo a los grandes contribuyentes. El proceso se facilita mediante una declaración jurada precargada por la ARCA que goza de presunción de exactitud una vez abonada bajo el marco de la inocencia fiscal.
No obstante, el fisco podrá intervenir en casos de discrepancias relevantes, definidas como diferencias superiores al 15% del impuesto o el uso de documentación apócrifa, quedando la carga de la prueba siempre del lado del Estado. Para los contribuyentes que mantengan su conducta regular, el plazo de prescripción se acorta de cinco a tres años, y se habilita la extinción de acciones penales mediante el pago voluntario de la deuda con sus respectivos intereses y multas.
Respecto a la operatividad de las divisas no declaradas, el decreto establece que los fondos deben ingresar al sistema financiero, ya sea mediante depósito o transferencia directa al vendedor de un bien bajo esta nueva normativa de transparencia. Además, se elevaron a $10 millones mensuales los umbrales que disparan reportes automáticos bancarios hacia la ARCA, buscando dinamizar una economía que, según estimaciones del Ministerio de Economía, cuenta con USD 170.000 millones fuera del circuito.
En cuanto a las sanciones, si bien las multas se actualizaron un 100.000%, el organismo deberá enviar un aviso preventivo antes de intimar, permitiendo a pymes y monotributistas regularizar su situación con los beneficios de la inocencia fiscal, con el objetivo final de convertir la transparencia fiscal en una conducta permanente y no en una medida de excepción.

