Hizo un reclamo virtual, la atendieron ciberdelincuentes, le vaciaron la cuenta y fue indemnizada

Buenos Aires, 17 octubre (NA) –– La Justicia confirmó una condena contra el Banco Provincia y ordenó indemnizar con $5 millones a una mujer de 40 años oriunda de La Plata que sufrió una ciberestafa luego de realizar un reclamo por facturación en redes sociales, donde fue contactada por delincuentes que le vaciaron sus cuentas bancarias.

Según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata ratificó una sentencia que fijó $3 millones por daño moral y $2 millones por daño punitivo, además de la restitución de los US$ 1.661 sustraídos, con un interés anual del 6%. El fallo,  rechazó la apelación de la entidad por considerar insuficientes sus mecanismos de seguridad y monitoreo ante operaciones sospechosas.

Estos montos tienen un justificativo individual: los $3 millones por daño moral se justificaron por la pérdida de los ahorros y más de tres años de reclamos; los $2 millones de daño punitivo, por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y la respuesta posterior de la entidad.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2022, cuando la víctima buscó resolver un problema de facturación con una empresa telefónica y fue derivada desde WhatsApp a un supuesto canal de atención en Twitter. Allí, los estafadores le indicaron que debía activar el débito automático mediante el token de seguridad de su cuenta bancaria.

Convencida de que realizaba un trámite legítimo, la mujer proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos oportunidades. Los delincuentes utilizaron esos datos para vender los dólares que tenía ahorrados y transferir el dinero a cuentas de terceros. También se registraron movimientos por $278.500.

La damnificada advirtió las operaciones que se realizaron desde las 10.07 y llamó al banco a las 10.15, mientras todavía se registraban movimientos. Sin embargo, debió recurrir a la Justicia para reclamar la restitución de los fondos. En este sentido, la justicia apuntó hacia el banco porque una respuesta preventiva podía haber impedido o demorado las transferencias restantes.

Durante el proceso se determinó que las transacciones se realizaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP localizada en Córdoba y hacia cuentas de personas de esa provincia que no registraban operaciones previas con la clienta. La pericia informática también detectó movimientos sucesivos sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos.

Los camaristas consideraron que la entrega de claves bajo engaño no eximía automáticamente al banco de su responsabilidad, ya que debía contar con herramientas para detectar operaciones inusuales y prevenir el fraude. También valoraron que la mujer denunció rápidamente lo ocurrido y que la entidad rechazó su reclamo sin ofrecer explicaciones suficientes.

La resolución confirmó la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2026 e impuso las costas de la apelación al Banco Provincia porque el sistema no identificó eficazmente operaciones sospechosas ni activó alertas preventivas; no hubo bloqueo ni demora de las transferencias y los controles de acceso no permitían identificar a la persona que operaba ni vincularla adecuadamente con las cuentas. de destino

Agencia NA